El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) ha implementado una serie de medidas disciplinarias estrictas con el objetivo de reforzar el control interno en las cárceles de Ecuador. Entre los años 2024 y 2026, la institución registró la destitución de 265 funcionarios penitenciarios, quienes fueron separados de sus cargos tras determinarse la comisión de faltas graves. Estas acciones forman parte de un proceso integral de depuración y supervisión impulsado por las autoridades estatales para garantizar la seguridad y el orden dentro de los centros de rehabilitación social.
Además de las destituciones, el sistema penitenciario acumuló un total de 523 resoluciones sancionatorias por faltas calificadas como graves y muy graves durante el mismo periodo. El desglose de estas sanciones revela la diversidad de las medidas aplicadas por el SNAI: mientras que 265 funcionarios fueron destituidos, otros 209 recibieron sanciones pecuniarias y 49 fueron sujetos a suspensiones sin remuneración. Es relevante destacar que el año 2026 mostró una intensidad considerable en estas medidas, registrando 82 de las destituciones totales de los funcionarios.
Estas intervenciones se desarrollan en un marco estratégico donde el Estado ecuatoriano busca recuperar la gobernabilidad de los centros penitenciarios. Para lograrlo, el SNAI ha intensificado la coordinación operativa con la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y diversos organismos de inteligencia. Esta sinergia interinstitucional tiene como propósito fundamental prevenir incidentes de seguridad y detectar a tiempo cualquier irregularidad que pueda comprometer la estabilidad de los centros carcelarios.
Uno de los focos principales de estas acciones de control ha sido el desempeño de los integrantes del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. Este sector ha estado bajo una supervisión rigurosa debido a que, en años recientes, diversas investigaciones y cuestionamientos han señalado la presunta existencia de actos de corrupción y el apoyo de algunos funcionarios a organizaciones criminales que operan desde el interior de las prisiones. Por ello, el fortalecimiento de los mecanismos de control interno se ha vuelto una prioridad para erradicar estas prácticas.
En paralelo a las sanciones disciplinarias, el SNAI ha avanzado en la modernización de la gestión de la población carcelaria. En junio de 2026, concluyó un censo penitenciario que permitió actualizar la información de las personas privadas de libertad. Este proceso se llevó a cabo mediante la implementación de registros biométricos y la creación de fichas electrónicas individuales. El objetivo de esta base de datos actualizada es optimizar el control sobre la situación jurídica de los internos y precisar su ubicación exacta dentro de los distintos centros de rehabilitación social del país.
La gestión de la población penitenciaria también ha implicado movimientos estratégicos de los internos. Entre 2025 y 2026, las autoridades ejecutaron 15.607 reubicaciones y 9.786 traslados estratégicos de personas privadas de libertad. Estas maniobras estuvieron orientadas a reorganizar la población carcelaria, redistribuir los niveles de riesgo y, en consecuencia, fortalecer el control interno en cada establecimiento.
Como parte de la infraestructura de seguridad, el Estado puso en funcionamiento la denominada Cárcel del Encuentro, ubicada en Santa Elena. Esta instalación de máxima seguridad ha sido diseñada específicamente para albergar a internos considerados de alto riesgo, especialmente aquellos vinculados a estructuras criminales, permitiendo así un aislamiento y control más efectivo sobre los líderes de estas organizaciones.
Asimismo, se han mantenido y reforzado protocolos especiales en centros críticos. En el caso de La Roca, en Guayaquil, se aplican filtros de ingreso estrictos, monitoreo permanente y la asignación de celdas individuales para evitar el contacto no controlado entre internos. Por otro lado, en establecimientos como el Centro de Rehabilitación Social Guayas N.º 4, las labores de vigilancia y custodia cuentan con el apoyo directo de efectivos militares para asegurar el perímetro y el orden interno.
