Las regiones de Piura y Tumbes, zonas que históricamente han sufrido los embates del fenómeno de El Niño, han registrado en los últimos días precipitaciones que han establecido récords para el mes de setiembre. Este incremento en las lluvias no llega solo, sino acompañado de un aumento crítico en el caudal del río Tumbes, el cual ha alcanzado los 147 metros cúbicos por segundo, una cifra que representa tres veces su nivel habitual. De manera simultánea, la zona ha enfrentado temperaturas que han superado los 36,6 °C, configurando un escenario climático complejo que exige una respuesta inmediata y efectiva por parte del Estado peruano.
Aunque estas cifras no resultan sorprendentes para quienes conocen la vulnerabilidad de la zona, actúan como una señal de alarma temprana. De acuerdo con las advertencias emitidas por un especialista del Senamhi, el panorama tenderá a complicarse en el corto plazo. Se prevé que las lluvias aumenten de manera gradual durante las próximas semanas, alcanzando una intensidad mucho mayor a partir del mes de noviembre. Esta progresión climática pone en riesgo la estabilidad de la zona norte y obliga a las autoridades a replantear sus estrategias de prevención antes de que las precipitaciones lleguen a su punto máximo.
La magnitud del riesgo es alarmante. Según las estimaciones proporcionadas por el Cenepred, existen más de ocho millones de personas en el país expuestas a un riesgo muy alto de sufrir inundaciones y otros peligros directamente ligados al fenómeno de El Niño. De este total, casi la mitad de la población afectada reside en el norte del país, lo que subraya la urgencia de concentrar los esfuerzos de mitigación en esta franja territorial.
El escenario observado en Piura y Tumbes funciona como un anticipo de la vulnerabilidad que enfrentan regiones vecinas como Lambayeque y La Libertad. En estas localidades, la situación es crítica debido a que los sistemas de drenaje son precarios y las quebradas permanecen expuestas. A esto se suma un problema urbanístico grave: numerosas viviendas han sido levantadas en zonas identificadas como de alto riesgo, mientras que los servicios básicos se mantienen extremadamente frágiles. Esta combinación de factores implica que cualquier lluvia intensa tiene la capacidad de dañar puentes, carreteras e infraestructura básica, provocando además la interrupción del abastecimiento de agua potable, sin descartar que situaciones similares puedan ocurrir en otras regiones del territorio nacional.
Paralelamente a las lluvias, la ola de calor asociada a este evento climático representa una amenaza latente, especialmente para los sectores más vulnerables de la población. La gravedad de este fenómeno ha sido analizada por el Climate Impact Lab de la Universidad de Chicago, cuyo estudio proyecta que el actual evento climático podría estar asociado con un incremento de 451,000 muertes adicionales en el mundo hasta el mes de febrero. Para el caso específico del Perú, la estimación de mortalidad alcanza las 1,500 personas.
Ante este panorama, surge una crítica severa hacia la gestión pública. Durante años, se ha advertido sobre la falta de prevención y la desidia que ha caracterizado a las autoridades de diversos niveles de gobierno. No obstante, en la etapa actual, señalar las omisiones del pasado resulta insuficiente. La prioridad ahora debe centrarse en ejecutar todas las acciones posibles para evitar daños materiales y, fundamentalmente, prevenir la pérdida de vidas humanas.
En relación a las medidas gubernamentales, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, señaló recientemente en un foro organizado por El Comercio y América Multimedia que el Ejecutivo está trabajando en medidas tanto a muy corto como a largo plazo. Vinelli enfatizó que las prioridades actuales del Gobierno son proteger la vida y la salud de las personas, así como resguardar las viviendas y la infraestructura, ya sea pública o privada.
Para que estas medidas sean efectivas, resulta fundamental establecer una coordinación constante y real entre el Poder Ejecutivo y los gobiernos subnacionales, el sector privado, las organizaciones civiles y la ciudadanía en general. Si bien El Niño es un fenómeno natural inevitable, las consecuencias catastróficas no deben ser el resultado de una nueva falta de coordinación. Las próximas semanas serán determinantes para evaluar si el Estado avanza en la dirección correcta para reducir los efectos del fenómeno, particularmente en el norte del país.
