¿Puede un líder armado demandar al Estado mientras es buscado por la justicia? Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho y señalado líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, presentó una acción de tutela contra la Presidencia de la República y el Ministerio de Justicia y del Derecho.
Junto a su hermano, alias Muñeca, Castillo Carrillo alega que se han vulnerado derechos fundamentales como el debido proceso, la defensa y la seguridad jurídica. El reclamo surge tras resoluciones del Gobierno nacional que dieron por terminado el Espacio de Conversación Sociojurídico con su estructura armada.
El Consejo de Estado, tras analizar el recurso, determinó que no es la autoridad competente para conocer la acción en primera instancia y ordenó remitir el expediente a los juzgados administrativos de Bogotá para su respectivo trámite.
Esta maniobra legal ocurre en un contexto crítico. El presidente Abelardo de la Espriella ha emitido un ultimátum para que el jefe de las Acsn se someta a la justicia. Alias Pinocho, quien tiene presencia en La Guajira, Magdalena y Cesar, cuenta con un historial delictivo complejo: fue capturado en España en 2022 y, tras recuperar la libertad en Colombia en 2023, regresó a la clandestinidad.
Actualmente, la Corte Suprema de Justicia avaló su extradición a Estados Unidos por delitos de narcotráfico y concierto para delinquir, con incautaciones que superan la tonelada de cocaína. Además, enfrenta órdenes de captura por hurto y el homicidio del líder social y ambiental Alejandro Llinas Suárez.
Aunque Castillo Carrillo intentó evitar la extradición argumentando que adoptó tradiciones de pueblos indígenas de la Sierra Nevada, la Corte Suprema no acogió dicho argumento. Mientras la tutela avanza en los juzgados de Bogotá, las autoridades mantienen la búsqueda activa del cabecilla.
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