El Consejo de Estado ha determinado la pérdida de investidura para el excongresista de la Alianza Verde e integrante de la cúpula legislativa, Iván Name. La decisión, comunicada este viernes 25 de septiembre, representa una de las sanciones judiciales más severas aplicables a los miembros del Congreso en Colombia, dejando al exmandatario del Senado fuera de la posibilidad de ejercer cargos públicos.
La sanción es el resultado de la responsabilidad del excongresista en un esquema de tráfico de influencias vinculado al desvío de contratos de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según el fallo emitido por el máximo tribunal de lo contencioso administrativo, existen pruebas suficientes para concluir que Iván Name utilizó su cargo y su influencia política para obtener beneficios económicos a través de una organización criminal.
Dentro del expediente judicial, se destacan las pruebas relacionadas con la entrega de tres mil millones de pesos en efectivo. El Consejo de Estado basó su decisión en las declaraciones clave de Olmedo López, quien se desempeñó como director de la UNGRD, y de Sneyder Pinilla, exsubdirector de riesgo de la misma entidad. El testimonio de Pinilla resultó fundamental para la investigación, ya que fue él quien asumió la tarea de trasladar el dinero en efectivo hasta la residencia del senador, ubicada en un sector exclusivo del nororiente de Bogotá.
La investigación también reveló la logística detrás de estos pagos. La Fiscalía ha expuesto los movimientos de las camionetas pertenecientes a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, las cuales fueron utilizadas para transportar los tres mil millones de pesos destinados a Iván Name. De acuerdo con las revelaciones, la entrega de estos sobornos se habría coordinado en un denominado “cónclave”, donde también participaron Carlos Ramón González, entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), y la ya mencionada Sandra Ortiz. Actualmente, ambos exfuncionarios enfrentan procesos penales derivados de este caso de corrupción.
El propósito de estos pagos, según la acusación, estaba ligado a la agenda legislativa del Gobierno Nacional. Se señala que en octubre de 2023, el entonces presidente del Senado habría recibido el soborno con el objetivo de citar a debate proyectos de especial interés para la administración de Gustavo Petro, resaltando entre ellos el proyecto de reforma pensional. En este contexto, el Consejo de Estado señaló que Name cedió su poder de dirección de las sesiones a la senadora María José Pizarro para gestionar el trámite de dicha reforma, apartándose de sus funciones constitucionales.
El tribunal fue enfático al calificar la actuación de Iván Name como una “conducta indigna”. La sentencia sostiene que el excongresista omitió las funciones constitucionales que había jurado defender y utilizó su investidura para recibir dádivas provenientes de recursos del erario, los cuales estaban originalmente destinados a atender las necesidades básicas del departamento de La Guajira.
Para el Consejo de Estado, el comportamiento de Name fue contrario al principio de representación democrática y a la integridad ética que debe regir el mandato representativo. El fallo subraya que el ejercicio de la función parlamentaria debe estar estrictamente al servicio del interés general, y que la conducta del exsenador transgredió gravemente la moralidad pública, la dignidad parlamentaria y la rectitud y decoro que envuelven el cargo.
En cuanto a su situación jurídica actual, Iván Name se encuentra privado de su libertad en un centro carcelario desde mayo de 2025. Además de la pérdida de investidura, enfrenta un juicio ante la Corte Suprema de Justicia, donde se le procesa por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y cohecho impropio.
Con la resolución del Consejo de Estado, las consecuencias para Iván Name son definitivas en el ámbito administrativo y político: queda inhabilitado para aspirar a cualquier cargo o función pública en el futuro y se le prohíbe estrictamente contratar con el Estado.
