El Gobierno de Chile ha emitido una respuesta formal y crítica ante el llamado realizado por los expresidentes Michelle Bachelet y Gabriel Boric, quienes solicitaron reconsiderar la permanencia del país en el mecanismo conocido como el "Escudo de las Américas". A través del subsecretario del Interior, Máximo Pavez, el Ejecutivo manifestó su disconformidad no solo con el contenido de los reparos, sino fundamentalmente con la vía utilizada por los exmandatarios para hacer públicos sus cuestionamientos.
En una declaración emitida este viernes, el subsecretario Pavez acusó a Bachelet y Boric de intentar generar una “confrontación política” en el ámbito de la política exterior del Estado. El funcionario subrayó que existen conductos regulares y mecanismos institucionales diseñados específicamente para canalizar las diferencias entre quienes han ejercido la Presidencia de la República, lamentando que en esta ocasión se haya optado por una declaración pública en lugar de utilizar las instancias internas.
Al respecto, Pavez fue enfático al señalar que “las puertas del Palacio de La Moneda siempre están disponibles”, sugiriendo que el diálogo privado habría sido el camino adecuado para plantear las inquietudes sobre el Escudo de las Américas. Para el subsecretario, el pronunciamiento de los expresidentes carece de adecuación tanto en la “forma como en el fondo”, recordando que la conducción de la política exterior es una atribución exclusiva del Presidente de la República.
El conflicto se origina en las advertencias planteadas por Michelle Bachelet y Gabriel Boric, quienes manifestaron que la cooperación internacional contra el crimen organizado no debe conducir a una subordinación de las políticas de seguridad, defensa o exterior a las prioridades de una potencia extranjera. Los exmandatarios pidieron explícitamente revisar la continuidad de Chile en este mecanismo, el cual fue impulsado por Donald Trump.
Mientras la respuesta del subsecretario del Interior se centró en la etiqueta política y los canales de comunicación, las dudas técnicas y jurídicas sobre el alcance del Escudo de las Américas permanecen sin una resolución detallada. Previamente, el ministro de Defensa, Fernando Barros, había salido en defensa de la adhesión chilena, argumentando que, según la información disponible, el acuerdo no compromete la soberanía nacional, no genera obligaciones vinculantes ni contempla la posibilidad de intervenciones militares en el territorio.
No obstante, el propio ministro Barros reconoció que no disponía de la totalidad de los antecedentes técnicos para responder a todas las interrogantes. Debido a esto, el secretario de Estado informó que las precisiones definitivas quedarían supeditadas al regreso desde Nueva York del canciller Francisco Pérez Mackenna y de Kast. Barros señaló que espera que, una vez que el Presidente y el Canciller se encuentren en territorio nacional, puedan explicar con mayor profundidad y detalle en qué consiste exactamente el funcionamiento de este mecanismo.
El ministro de Defensa también aclaró que el Escudo de las Américas está orientado principalmente al intercambio de información, la coordinación y la capacitación conjunta. Asimismo, puntualizó que cualquier país que forme parte de esta instancia mantiene la facultad de abandonarla voluntariamente si así lo decide.
A pesar de estas declaraciones, el vacío de información sobre los compromisos concretos derivados de la adhesión ha llevado el asunto al ámbito legislativo. El Senado de la República abordará formalmente estas dudas en una sesión especial programada para el próximo 7 de octubre. Para dicha instancia, se prevé la convocatoria de las máximas autoridades involucradas: el canciller Francisco Pérez Mackenna, el ministro de Defensa Fernando Barros y el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez, ya ha manifestado que el objetivo de esta sesión es obtener claridad sobre la naturaleza jurídica de la adhesión. Específicamente, Núñez busca determinar si el mecanismo posee características legales que hagan necesaria una intervención o ratificación formal por parte del Congreso Nacional.
En resumen, la situación actual se caracteriza por una tensión dual: por un lado, un reproche político del Ejecutivo hacia los expresidentes por la forma de sus reclamos y, por otro, una incertidumbre técnica sobre el alcance jurídico de un acuerdo internacional que ahora deberá ser examinado bajo la lupa del Poder Legislativo el próximo 7 de octubre.
