La empresa Urbagestión Desarrollo e Inversión ha comunicado este viernes una propuesta de urgencia dirigida al Ayuntamiento de Madrid con el objetivo de resolver la situación habitacional de Maricarmen, una mujer de 87 años que fue desahuciada recientemente de la vivienda en la que residía desde hace siete décadas. Según el comunicado adelantado por El Economista, la compañía ha ofrecido incorporar el inmueble, cuya propiedad ostentan actualmente, al programa Reviva. Esta medida buscaría permitir que la anciana pueda regresar a su hogar bajo un esquema de alquiler que se defina como estable y asequible.
Esta propuesta llega en un momento de alta tensión, justo después de que se ejecutara el desahucio el pasado miércoles, un evento que ha dejado a Maricarmen ingresada en un centro sanitario en estado débil, situación que la propia empresa ha lamentado públicamente. Urbagestión ha reiterado en sus declaraciones su respeto absoluto hacia las resoluciones judiciales emitidas y hacia la labor desempeñada por los servicios sociales involucrados en el caso.
Paralelamente a esta oferta, Urbagestión ha aprovechado para desmentir categóricamente las acusaciones sobre el incremento de la renta. La empresa niega haber exigido a Maricarmen el pago de un alquiler superior al que la inquilina venía abonando habitualmente. Para respaldar su postura, la compañía ha detallado que, hace tres años, recibió un requerimiento escrito por parte de la letrada de la mujer solicitando que se indicara el precio de un posible nuevo arrendamiento. En respuesta a dicha solicitud, Urbagestión señala que propuso considerar una renta bonificada que se situara entre el 40 % y el 50 % sobre el precio de mercado actual.
Según la versión de la empresa, esta respuesta técnica ha sido utilizada posteriormente para sostener que Urbagestión pretendía incrementar la renta de manera desproporcionada, una afirmación que la compañía califica como ajena a la realidad. Asimismo, la entidad ha desmentido que fueran ellos quienes formularan una propuesta en el año 2018 para que la inquilina comprara la vivienda por un monto de 250.000 euros o, en su defecto, continuara residiendo en ella con una renta mensual de 1.650 euros, asegurando que tales cifras no fueron emitidas por la organización.
En relación con las posibles ofertas de compra del inmueble, Urbagestión ha aclarado que ni el Ministerio de Vivienda ni la organización Casa 47 han presentado ninguna oferta formal, añadiendo que, legalmente, tampoco podrían haberlo hecho. La empresa sostiene que la única propuesta de compra real y recibida procedió de la abogada del Sindicato de Inquilinas. Sobre la mediación de Casa 47, Urbagestión afirma que su voluntad no se materializó en una oferta concreta y por escrito. No obstante, reconoce que en las últimas semanas se mantuvo una comunicación verbal sobre la posibilidad de establecer una renta de hasta 900 euros, la cual sería sufragada conjuntamente por Casa 47 y la propia inquilina. Sin embargo, la empresa advierte que dicha posibilidad quedó en el aire al no precisarse la configuración legal del contrato, el pago de los gastos ni el resto de las condiciones exigibles para articular un acuerdo legal.
El conflicto ha trascendido el ámbito civil y administrativo. Urbagestión ha denunciado ser víctima de presiones, coacciones desproporcionadas y descalificaciones intencionadas por parte del Sindicato de Inquilinas. La empresa sostiene que la actitud de este colectivo ha sido el factor principal que ha imposibilitado alcanzar un entendimiento entre las partes. Como prueba de este enfrentamiento, se ha revelado que Urbagestión presentó el pasado enero una querella criminal contra el Sindicato de Inquilinas de Madrid, imputándoles presuntos delitos de revelación de secretos, coacción y vulneración del derecho al honor.
