El paisaje urbano de Caracas ha comenzado a transformarse. En las avenidas y calles de la capital venezolana, las vallas que exhibían los rostros del derrocado presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, con mensajes que pedían su liberación, están desapareciendo. En su lugar, han surgido anuncios comerciales y propaganda del plan “Venezuela renace”, una iniciativa impulsada por las autoridades interinas para reconstruir las zonas afectadas por el doble terremoto ocurrido el pasado 24 de junio.
Han transcurrido más de ocho meses desde la operación militar de Estados Unidos en Caracas y desde que Delcy Rodríguez asumiera la presidencia encargada. A pesar de la creciente presencia de funcionarios estadounidenses en el país y de que el pedido de liberación de Maduro ya no sea un tema recurrente en el discurso oficial ni en las conversaciones ciudadanas, para gran parte de la población el cambio en la vida cotidiana no es evidente.
Recientemente, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, participó en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, donde mantuvo reuniones con Donald Trump y otros líderes mundiales. Durante su intervención, Rodríguez aseguró que el país atraviesa un "proceso ordenado, institucional y verificable" destinado a construir una nación más próspera, reconciliada y libre. Sin embargo, este discurso contrasta con la percepción de la mayoría de los venezolanos, quienes aún no sienten que se encaminen hacia la prosperidad.
La crisis económica sigue siendo el principal agobio de la ciudadanía. En las últimas semanas, muchas familias han tenido dificultades para costear los útiles escolares debido a la precariedad de sus ingresos. Según datos oficiales, el salario mínimo de 130 bolívares permanece congelado desde marzo de 2022; una cifra tan baja que dos salarios mínimos equivaldrían a un cuarto de dólar estadounidense. Aunque existe un ingreso mínimo mensual que incluye bonos en dólares (oscilando entre los 130 y 240 dólares), este monto es insuficiente frente a una canasta básica que ronda los 770 dólares mensuales, según el Centro de documentación y análisis social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas).
En las calles de Caracas, la precariedad es visible en los numerosos negocios cerrados y la baja afluencia de clientes. A esto se suman las deficiencias en los servicios públicos; mientras en la capital se registran bajones eléctricos que afectan sistemas y puntos de venta, en las regiones los apagones son diarios y pueden extenderse hasta por seis horas.
Los testimonios recabados en el municipio Chacao reflejan un sentimiento mixto. Algunos ciudadanos, como Carlos Hernández, mantienen la esperanza de que las cosas mejoren y esperan elecciones "lo antes posible". Otros, como la enfermera jubilada Elena Sánchez, destacan el desánimo generalizado tras la tragedia del terremoto y denuncian que muchas personas no pueden realizar tres comidas al día. Asimismo, persiste la incertidumbre y el rechazo hacia el gobierno interino; Karina Urbano, trabajadora de la aduana, afirmó que no reconoce a la presidenta encargada y cuestionó la equidad de los acuerdos petroleros firmados.
En el ámbito económico, la esperanza reside en un acuerdo petrolero de gran alcance firmado entre Caracas y Washington, que involucra 65.000 millones de barriles de petróleo y convenios con empresas como Chevron, Eni y General Electric. El secretario de energía de Estados Unidos, Christopher Wright, calificó estos acuerdos como "ganar-ganar", prometiendo la creación de empleos y la reducción de la inflación. No obstante, las cifras del Banco Central de Venezuela muestran una inflación interanual del 534,2 %, una de las más altas del mundo.
El economista y exdiputado opositor José Guerra explica que, aunque la falta de transparencia en los acuerdos es cuestionable, la extracción de petróleo es fundamental, ya que es el único sector capaz de generar ingresos masivos (estimados entre 20.000 y 30.000 millones de dólares anuales). Guerra advierte que los beneficios no serán inmediatos, pero prevé una reactivación económica progresiva, empezando por la mano de obra en estados petroleros como Zulia, Monagas y Anzoátegui.
En el plano político, la tensión parece disiparse. Se observa una menor presencia de fuerzas militares y policiales en las calles. Delcy Rodríguez ha excarcelado a decenas de presos políticos, aunque la ONG Foro Penal reportó que al menos 344 personas seguían detenidas hasta el 22 de septiembre, cifra que la ONU podría elevar a 500. A pesar de esta apertura, persisten incidentes de detenciones breves, como los casos de Óscar Morales y el exalcalde Javier Oropeza, quienes fueron liberados poco después de ser arrestados.
Finalmente, figuras de la oposición como Stalin González señalan que, si bien el ejercicio político es menos corrosivo y hay más libertad para organizar eventos universitarios, Venezuela aún está lejos de una democracia plena. El sentimiento generalizado en las calles es el de un atisbo de esperanza y un deseo de transparencia, mientras el cambio económico sigue sin llegar a los bolsillos de la mayoría de la población.
