El Gobierno Nacional, bajo el mando del presidente Abelardo de la Espriella, ha asestado un golpe significativo contra la estructura criminal conocida como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, mejor conocidas como “los Pachenca”. El resultado más destacado de esta ofensiva fue la captura de Yolima Johana Murgas Guzmán, quien es la cónyuge de Fredy Castillo Carrillo, alias “Pinocho”, uno de los máximos cabecillas de dicha organización.
Esta detención se produjo en el marco de una serie de operativos ejecutados en Santa Marta y Ciénaga. Según informó el jefe de Estado este jueves, la Policía y el Ejército llevaron a cabo seis allanamientos simultáneos que resultaron en la captura de 13 personas. Además de la detención de alias Yolima, las autoridades lograron incautar cargamentos de cocaína, municiones, teléfonos celulares y panfletos utilizados para la intimidación de la población. Asimismo, se decomisaron más de 29 millones de pesos y una tarjeta bancaria registrada a nombre de alias “Pinocho”.
Paralelamente, se ejecutó una segunda intervención denominada Operación Kratos, coordinada por la Dirección Antinarcóticos con el apoyo técnico de la DEA. Este despliegue permitió la captura en Barranquilla y Santa Marta de cuatro narcotraficantes que cuentan con solicitudes de extradición hacia Estados Unidos. Las investigaciones revelaron que esta red operaba en conexión directa con el Cártel de Sinaloa, utilizando como enlace a alias “Flash” o “Comando 200”. De acuerdo con el reporte presidencial, la organización poseía la capacidad logística para enviar más de dos toneladas de cocaína mensualmente hacia territorio estadounidense, apoyándose para ello en la estructura de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.
El presidente De la Espriella subrayó que la captura de Yolima Murgas es parte de una estrategia deliberada para cercar a los líderes criminales mediante la persecución de sus familiares, quienes frecuentemente actúan como testaferros o cómplices de las actividades ilícitas. El mandatario fue enfático al asegurar que su objetivo es la erradicación total de esta estructura. En un mensaje directo, afirmó que alias “Pinocho” tiene las horas contadas y exigió su rendición incondicional, advirtiendo que, de lo contrario, será dado de baja conforme a los procedimientos legales.
Estos operativos se desarrollan en un clima de alta tensión en la Costa Caribe, donde “los Pachenca” instigaron un paro armado que comenzó el pasado lunes. La medida fue una respuesta directa a la muerte de alias Cholo, jefe militar del grupo, quien fue abatido por la Policía el domingo previo. Durante los primeros días del paro, Santa Marta vivió escenas de terror: personas encapuchadas obligaron al cierre del comercio y al cese de actividades cotidianas, recurriendo a la quema de vehículos y disparos en las calles para sembrar el pánico entre la población.
Tras varios días de paralización, la ciudad de Santa Marta comienza a recuperar la normalidad. El grupo criminal anunció el fin del paro en Magdalena y La Guajira para las 7:00 a.m. del viernes 25 de septiembre, atribuyendo la decisión a las acciones del Gobierno y de la Fuerza Pública. La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, ha liderado recorridos por el Mercado Público y zonas aledañas para incentivar la reapertura de los negocios, acompañada por tropas de la Segunda Brigada del Ejército, la Policía Metropolitana y agentes del Gaula para combatir la extorsión.
El dominio de “los Pachenca” en Santa Marta y Riohacha ha dejado una huella de violencia marcada por secuestros, asesinatos y extorsiones. Las cifras reflejan el deterioro de la seguridad: solo en el primer semestre de 2026 se registraron 62 casos de extorsión y 400 amenazas en Santa Marta, lo que representa un incremento de casi el 50% respecto al mismo periodo del año anterior. Ante este panorama, el presidente De la Espriella ordenó la militarización de Santa Marta con la instrucción de blindar la región y recuperar el control territorial. El mandatario personalizó este despliegue acompañando patrullajes urbanos, vistiendo chaleco antibalas y portando un arma de fuego en su cinto.
Mientras la ciudadanía y los turistas, particularmente en la zona de El Rodadero, han mostrado alivio ante la presencia militar, el Gobierno mantiene su ofensiva para desarticular completamente a los narcoterroristas de la Sierra y restablecer el orden público en la región.
