La problemática ambiental que afecta al río Guayabal ha escalado a instancias judiciales. Las autoridades del barrio El Progreso han impulsado una acción de protección con el objetivo de frenar las descargas de aguas residuales que contaminan este cuerpo de agua y denunciar la persistente falta de un tratamiento sanitario adecuado en la zona.
El proceso legal fue iniciado por Dalton Maridueña, quien se desempeña como abogado en libre ejercicio y preside el barrio El Progreso. Maridueña presentó la acción de protección ante la Unidad Judicial Multicompetente del cantón, fundamentando su demanda en la imposibilidad técnica de conectar diversos sectores al sistema de alcantarillado sanitario, lo que ha generado un impacto ambiental negativo provocado por la descarga directa de aguas residuales.
A través de este recurso legal, se busca que el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal de Catamayo asuma y cumpla con sus competencias institucionales. La demanda exige que la municipalidad adopte medidas concretas y efectivas para la depuración de los líquidos residuales, evitando que sean vertidos al ambiente sin el tratamiento previo necesario para mitigar los daños ecológicos.
En sus declaraciones, Maridueña detalló que los sectores de El Progreso y Los Tejares se encuentran actualmente sin conexión al sistema de alcantarillado. Esta situación es el resultado directo del colapso del sistema sanitario existente, el cual ya no tiene capacidad para absorber la demanda de la zona. A este problema estructural se suma la ausencia total de plantas de tratamiento, una carencia que, según el dirigente, favorece el flujo constante de aguas servidas hacia el río Guayabal, afectando no solo el afluente, sino también diversos cultivos y terrenos de propiedad particular.
El impacto de esta crisis sanitaria no se limita únicamente a El Progreso. El dirigente sostuvo que habitantes de otras zonas cercanas, específicamente de La Vega y El Tingo, también han manifestado su profunda preocupación por el progresivo deterioro del río y la falta de soluciones técnicas por parte de las autoridades competentes.
Respecto a la responsabilidad política de esta situación, el jurista fue enfático al señalar que la problemática no es producto de una sola gestión, sino que corresponde a varias administraciones municipales consecutivas. En este sentido, Maridueña expresó el deseo de la comunidad de evitar seguir siendo parte de un problema que ya ha persistido durante tiempo, subrayando la necesidad de una solución definitiva.
En cuanto a los tiempos procesales, la acción constitucional fue presentada durante el mes de agosto y recibió la calificación judicial el pasado 7 de septiembre de 2026. A pesar de contar ya con la calificación, la autoridad judicial aún no ha fijado una fecha para la celebración de la audiencia correspondiente.
En el proceso judicial, figuran como entidades accionadas tanto el GAD Municipal de Catamayo como el Ministerio del Ambiente y Energía, señalando a ambas instituciones como responsables de la gestión y control ambiental de la zona.
Como parte de las pretensiones dentro del proceso, los accionantes han solicitado que se realice una inspección ocular en los sitios afectados. Esta diligencia contaría con la participación directa del juez constitucional y de todas las partes involucradas, con el fin de aportar elementos probatorios reales sobre las condiciones ambientales degradadas que existen actualmente en el territorio.
Asimismo, la demanda plantea que las instituciones accionadas rindan informes detallados sobre los proyectos destinados a reducir la contaminación del río Guayabal. También se exige que presenten las alternativas técnicas previstas para aquellos sectores que, hasta la fecha, permanecen sin conexión al sistema de alcantarillado sanitario.
Para fortalecer el caso, el abogado anunció que habitantes de El Tingo, La Vega y otras zonas aledañas participarán en el proceso bajo la figura de amicus curiae. El propósito de esta intervención es exponer ante la autoridad judicial las afectaciones directas que, según los moradores, provoca la contaminación del río en sus actividades cotidianas y su entorno natural.
La exigencia central de este proceso legal es clara: se requiere la ampliación de la cobertura del alcantarillado sanitario, pero bajo la condición estricta de que no se trasladen las aguas residuales hacia el río Guayabal ni hacia otros espacios naturales. Ahora, el futuro ambiental de la zona y la salud de sus habitantes dependen de la decisión que emita la justicia constitucional.
