El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja ha reportado avances significativos en el proceso judicial de expropiación de diversas propiedades ubicadas en el proyecto habitacional Alcázar de Jipiro. Esta medida legal tiene como objetivo principal dar cumplimiento a las decisiones judiciales emitidas previamente en favor de los beneficiarios del proyecto Ciudad Victoria.
El avance procesal se concretó mediante un auto emitido el pasado 22 de septiembre de 2026 por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Tributario con sede en la ciudad de Loja. En dicha resolución, el organismo judicial calificó y admitió a trámite sumario la acción de expropiación interpuesta por la municipalidad. Como parte fundamental de esta providencia, el Tribunal procedió a verificar que la Municipalidad de Loja haya efectuado la consignación económica correspondiente para avanzar con el proceso.
La cifra consignada por la administración municipal asciende a USD 1’504.987,28, monto que corresponde al valor establecido para los inmuebles que son materia de este proceso legal. Una vez validado el depósito de estos fondos, el Tribunal ordenó la ocupación inmediata de las propiedades, fundamentando esta decisión en las disposiciones establecidas dentro del Código Orgánico General de Procesos.
En cuanto al detalle de los bienes afectados por esta disposición judicial, la orden comprende específicamente los lotes numerados del 1 al 42 de la manzana “D”, así como los lotes del 1 al 8 de la manzana “C”. Estas propiedades forman parte del Fideicomiso Mercantil de Administración y Gestión Inmobiliario IESS–Alcázar de Jipiro II. Para asegurar la transparencia y legalidad del proceso, el Tribunal dispuso que la demanda sea inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Loja.
Posteriormente a la inscripción, se procederá con la citación formal a las entidades demandadas. Entre las instituciones que deberán ser notificadas se encuentran el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el fideicomiso mencionado anteriormente, asegurando así que todas las partes involucradas estén debidamente informadas sobre el curso de la acción legal.
Daniel Sempértegui, quien se desempeña como procurador síndico del Municipio de Loja, destacó que la emisión de este auto representa un paso relevante dentro de la estrategia legal de la Municipalidad. Según Sempértegui, el objetivo es materializar el cumplimiento de las sentencias judiciales que protegen los derechos de las familias beneficiarias de Ciudad Victoria. El funcionario explicó que la administración municipal no acudió a la vía judicial de manera inmediata; por el contrario, se agotaron primero los esfuerzos para alcanzar una solución concertada que permitiera disponer de los inmuebles mediante acuerdos.
Sin embargo, al no haberse materializado ningún acuerdo entre las partes, la municipalidad decidió hacer uso de las facultades que la ley otorga para proceder con la expropiación. Esta vía legal se presenta ahora como la herramienta necesaria para resolver la situación habitacional de los beneficiarios.
Con la orden de ocupación inmediata ya en vigor, el Municipio de Loja iniciará una fase de coordinación administrativa y técnica. El propósito de estas acciones es realizar una verificación exhaustiva del estado actual de los inmuebles y de toda la infraestructura asociada. Entre los puntos críticos a evaluar se encuentran los sistemas de agua potable, el alcantarillado, la vialidad y el suministro de energía eléctrica, además de cualquier otra condición técnica necesaria para que las viviendas puedan ser utilizadas posteriormente.
Estas intervenciones técnicas y administrativas están estrictamente ligadas al cumplimiento de las decisiones judiciales dictadas en favor de los beneficiarios de Ciudad Victoria. Por lo tanto, toda la ejecución de estas obras y la posterior entrega de los inmuebles deberán observar rigurosamente las condiciones y obligaciones que fueron establecidas en las sentencias originales.
Finalmente, se informó que, aunque la ocupación sea inmediata, el proceso de expropiación continuará su curso legal. El caso seguirá sustanciándose ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Tributario de Loja, atravesando todas las etapas procesales previstas en la legislación vigente hasta su resolución definitiva.
