¿Cómo enfrenta Honduras la crisis de seguridad y la violencia estructural? El ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez, defendió recientemente la estrategia del Gobierno para combatir a las estructuras criminales. Según el funcionario, las nuevas medidas responden a un análisis profundo de las condiciones del país, aunque admitió que existen similitudes con modelos aplicados en otras naciones.
Entre las acciones principales destaca la declaratoria de ciertas estructuras criminales como asociaciones terroristas, respaldada por reformas legales aprobadas por el Congreso Nacional. El objetivo es brindar mayores herramientas a la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y el sistema penitenciario para investigar y perseguir a estos grupos.
Actualmente, se llevan a cabo intervenciones en más de 14 sectores del Distrito Central. Sin embargo, Velásquez reconoció limitaciones críticas de presupuesto y personal, señalando que Honduras cuenta con aproximadamente un policía por cada 436 habitantes, lo que obliga a movilizar los recursos según prioridades operativas.
El ministro también abordó la problemática de los centros penitenciarios, donde integrantes de bandas criminales siguen girando instrucciones para cometer delitos. Para frenar esto, se ha implementado un régimen especial para personas identificadas como parte de maras y pandillas.
Sobre los cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos, Velásquez afirmó que la Secretaría de Seguridad no se opone a su protección, pero sostuvo que cada sociedad debe crear la normativa que considere pertinente para controlar la delincuencia.
Estas declaraciones surgen tras la aprobación unánime de la Ley Especial para el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas y el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional, mientras las instituciones avanzan en su aplicación.
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