Una mujer de 87 años, identificada como Maricarmen y quien presenta un grado de discapacidad del 50%, fue desalojada por la fuerza este miércoles de su residencia en Madrid. La vivienda, ubicada en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito de Retiro, había sido el hogar de la anciana durante siete décadas, periodo que subraya el impacto social de la medida judicial ejecutada.
El operativo policial, que comenzó a primera hora de la mañana, se llevó a cabo para dar cumplimiento a un mandato judicial. Las diligencias culminaron pasadas las 13:00 horas, momento en el cual la mujer fue trasladada en camilla hacia el hospital Gregorio Marañón. Esta imagen final del desalojo detonó una reacción inmediata de diversos colectivos, quienes organizaron concentraciones de protesta en las inmediaciones del edificio en la capital española, extendiéndose la movilización también a otras ciudades, entre ellas Barcelona.
Tras la consumación del desalojo, el foco de las protestas se desplazó hacia el distrito de Chamberí, específicamente a un inmueble situado en el número 35 del Paseo del General Martínez Campos. En este punto, se congregaron cerca de 10.000 manifestantes, según datos proporcionados por el diario El País. La concentración en esta ubicación tuvo un carácter simbólico, ya que el edificio alberga un lujoso ático de 485 metros cuadrados adquirido bajo la gestión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Dicha compra ha sido objeto de una intensa polémica debido a que el Gobierno regional no ha presentado una justificación para la adquisición del inmueble.
Los colectivos sociales presentes convirtieron la propiedad en el epicentro de sus reclamos, centrando sus demandas en el derecho al acceso a la vivienda y en la gestión del gasto público. Durante la jornada, los manifestantes exigieron que dicho recinto fuera destinado a la mujer desalojada. El clima de tensión se reflejó en las consignas que resonaban en las calles, destacando frases como "El ático de Ayuso para Maricarmen" y "Ayuso, dimisión".
La movilización no se limitó a las concentraciones estáticas. Los colectivos de inquilinos impulsaron cortes de tráfico en el Paseo de la Castellana, una de las arterias más céntricas y transitadas de la ciudad, incluyendo un plantón que se prolongó durante al menos veinte minutos, afectando la circulación de la zona.
Es importante destacar que, previo a la ejecución del desalojo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas había intervenido en el caso. El organismo solicitó formalmente al Estado español que se procediera a la suspensión cautelar de la medida o, en su defecto, que se le asignara a la mujer una alternativa habitacional adecuada.
Desde Nueva York, donde se encuentra asistiendo a la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se pronunció sobre los hechos. Sánchez calificó el suceso como una "tragedia social que no podemos aceptar". Asimismo, criticó la gestión local y regional, afirmando que el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid han hecho caso omiso a una tragedia social que deberían haber resuelto, priorizando, según sus palabras, la compra y venta de "aticazos con 200 metros de terraza" utilizando dinero público.
En contraposición, el Ayuntamiento de Madrid emitió un comunicado señalando que los servicios sociales municipales ya contaban con el informe de vulnerabilidad de la afectada desde octubre de 2025. La institución municipal aseguró que se ofrecieron diversos recursos asistenciales de alojamiento a Maricarmen, pero que estos fueron rechazados por la propia mujer.
Este incidente ha reavivado el debate público sobre la crisis residencial. Diversos críticos señalan la entrada de fondos de inversión en el mercado inmobiliario como la causa principal del encarecimiento de los precios y la consecuente falta de acceso a viviendas familiares. Por otro lado, existen posturas que atribuyen el problema a una escasez de inmuebles, situación que se habría visto agravada por el incremento de la población.
El malestar social fue recogido por el diario El País a través de testimonios de los asistentes, entre los que destacaba una fuerte presencia de jóvenes. Marina Martín, una enfermera de 25 años, expresó su indignación calificando la situación como "una vergüenza que echen de su casa a una mujer mayor", añadiendo que actualmente resulta imposible comprar una vivienda y extremadamente complicado alquilar una, ya que la mayor parte de los ingresos se destinan al alquiler, dejando escasos recursos para otros gastos básicos.
