¿Es posible lograr un Poder Judicial independiente en Venezuela? Diez organizaciones no gubernamentales han presentado una propuesta técnica detallada para orientar la renovación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
Estas organizaciones, entre las que destacan Provea, Cepaz y Acceso a la Justicia, plantean criterios estrictos para evaluar a los representantes de la sociedad civil que integrarán el Comité de Postulaciones Judiciales. El objetivo fundamental es que la selección no se limite únicamente al cumplimiento de requisitos legales, sino que se base en parámetros públicos de independencia, idoneidad, trayectoria y transparencia.
Esta iniciativa surge tras la reforma de la Ley Orgánica del TSJ, la cual establece un Comité de Postulaciones integrado por 23 personas: 11 diputados y 12 representantes de diversos sectores sociales. Las ONG sostienen que todo el proceso debe ser auditable y sujeto a impugnación, empezando por la Comisión Preliminar, la cual debería contar con pluralidad política para evitar que una sola fuerza pueda controlarla.
Dentro de la matriz de evaluación propuesta, las organizaciones sugieren examinar vínculos que puedan comprometer la autonomía de los aspirantes, tales como contratos o beneficios provenientes del Estado, así como posibles sanciones internacionales relacionadas con violaciones de derechos humanos. Además, exigen que los postulados posean una trayectoria real y comprobable en áreas de justicia o derechos humanos.
Para garantizar una representación equitativa, el documento propone un equilibrio de género, diversidad generacional y la inclusión de organizaciones con presencia verificable fuera de Caracas. Las ONG aclaran que su meta no es sustituir la legislación vigente, sino establecer un lenguaje común y un baremo de puntuaciones objetivo que fortalezca la contraloría social sobre quienes integrarán el máximo tribunal.
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