La Corte Suprema de Justicia de la Nación tomó una decisión determinante al anular una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Dicho fallo beneficiaba al gobierno de la Ciudad en el marco de un reclamo judicial centrado en la carencia de escuelas de jornada completa en las zonas más vulnerables del distrito, específicamente en los barrios de Barracas, Nueva Pompeya, Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo.
El motivo central de la anulación radica en la falta de coherencia interna de la resolución del tribunal local. Los magistrados de la Corte Suprema señalaron que, si bien los jueces del Tribunal Superior de Justicia expusieron diversos argumentos, sus votos no guardaban la "mínima concordancia lógica y argumental requerida" para que una decisión judicial sea válida. A través de este fallo, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti enviaron un mensaje directo al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, órgano encargado de revisar todas las causas de la justicia nacional de la capital.
El máximo tribunal subrayó la necesidad de exigir una mayoría de votos real y el respeto a la lógica en las resoluciones judiciales, aclarando que esto debe prevalecer por encima del respeto a las opiniones individuales y las disidencias de los magistrados.
El conflicto legal se originó a partir de un amparo presentado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La organización no gubernamental planteó que existe una discriminación estructural y una vulneración del derecho a una educación pública y equitativa para los estudiantes pertenecientes a los Distritos Escolares 5, 19 y 21. Estas zonas corresponden a los sectores socioeconómicamente más desfavorecidos de la ciudad, como Barracas, Nueva Pompeya, Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo.
Según sostuvo ACIJ, la ausencia de una oferta estatal de escuelas primarias de jornada completa en estas áreas es discriminatoria, ya que afecta a la población más vulnerable. Por este motivo, la ONG reclamó la creación de nuevos establecimientos en dichos distritos para garantizar la equidad educativa.
Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires rechazó las acusaciones, afirmando que no incurrió en ninguna conducta ilegítima, arbitraria ni omisión. La administración porteña argumentó que la definición, distribución y gestión de las políticas educativas, así como la infraestructura escolar, forman parte de su discrecionalidad técnica y presupuestaria, solicitando en consecuencia el rechazo del amparo.
El camino judicial previo había sido desfavorable para el gobierno. En primera instancia, la justicia condenó a la Ciudad a desarrollar un programa para que en el Distrito Escolar 21 funcione al menos un 30% de escuelas con jornada completa, siguiendo lo dispuesto por la Ley 26.075. Asimismo, se exhortó al gobierno a implementar políticas para igualar la oferta de doble jornada en los demás distritos afectados. Posteriormente, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario confirmó la condena para el Distrito 21 e instó a la creación de un programa de extensión de jornada en los distritos 5 y 19.
Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad modificó sustancialmente esta condena. Si bien admitió la queja de ACIJ, rechazó el recurso de inconstitucionalidad y limitó la sentencia a un exhorto no vinculante para que el Gobierno impulsara políticas de jornada ampliada. Esta mayoría estuvo compuesta por los jueces Inés Weinberg, Ana María Conde y José Osvaldo Casás, mientras que los jueces Luis Lozano y Alicia Ruiz votaron en disidencia.
Al analizar este escenario, los jueces Rosatti y Rosenkrantz, con la coincidencia de Lorenzetti, sostuvieron que es función jurisdiccional de la Corte controlar el procedimiento cuando hay vicios capaces de provocar la nulidad absoluta del fallo. Resaltaron que toda sentencia debe ser una "unidad lógico-jurídica", donde la parte dispositiva sea la conclusión razonada de los fundamentos fácticos y normativos.
En el caso de tribunales colegiados, la Corte precisó que los fallos no pueden ser una simple suma de opiniones individuales aisladas, sino el resultado de un intercambio racional de ideas. La ausencia de una coincidencia sustancial de fundamentos vacía la decisión de su base legal. El tribunal advirtió sobre la existencia de "mayorías aparentes", que ocurren cuando los votos coinciden en la parte dispositiva pero no guardan concordancia lógica o se basan en fundamentos discordantes sin análisis razonado.
Finalmente, el juez Lorenzetti advirtió que en el fallo anulado no se trató de una falta de coincidencia en los argumentos, sino que los jueces resolvieron aspectos diferentes. Ante la falta de una comunidad sustancial de razones, la Corte Suprema anuló la sentencia del Tribunal Superior de Justicia y ordenó dictar una nueva resolución que se ajuste a los lineamientos lógicos y jurídicos exigidos.
