Una jueza de control de garantías ha ordenado el envío a un centro carcelario de Racifo Jesús Acosta Lizardo, el hombre señalado de llevar a cabo una violenta agresión contra María Quevedo, propietaria de la pastelería Rü Patisserie, ubicada en la localidad de Usaquén, en Bogotá. La decisión judicial se produce dos meses después de los hechos, luego de que la Fiscalía General de la Nación judicializara al procesado por el delito de homicidio en grado de tentativa.
La captura de Acosta Lizardo se hizo efectiva el pasado 21 de septiembre, cuando fue interceptado por las autoridades mediante una orden judicial en una vía pública de la capital. Este procedimiento marca un giro en el proceso legal, ya que el agresor había recuperado su libertad previamente. En el momento inicial del ataque, la Policía lo había detenido en flagrancia; sin embargo, el caso fue investigado inicialmente bajo el cargo de lesiones personales, una calificación jurídica que permitió que el hombre fuera puesto en libertad, generando una ola de indignación entre la ciudadanía y las autoridades locales.
Los hechos violentos se remontan a la noche del 23 de julio. Según el relato expuesto por la Fiscalía, la agresión se desencadenó cuando Acosta Lizardo le exigió a su empleadora el anticipo del pago de su salario. Ante la respuesta de María Quevedo, quien le indicó que aún no había llegado la fecha acordada para dicho pago, el hombre habría reaccionado con extrema violencia. Tras cuestionar a la mujer sobre la seguridad del pago para el día 30, el agresor la golpeó con el puño cerrado en el ojo izquierdo, provocando que ella cayera al suelo.
La Fiscalía sostiene que la agresión no terminó con el primer golpe. Mientras la víctima se encontraba en el piso, el trabajador continuó atacándola repetidamente en la cara y en la cabeza. Posteriormente, el sujeto la tomó del cabello y la arrastró hacia una zona menos visible del establecimiento, específicamente detrás del mostrador de la pastelería, donde prolongó el ataque y profirió amenazas contra ella. Durante el episodio, la mujer suplicó que el hombre se detuviera mientras intentaba desesperadamente pedir auxilio. Los gritos de la víctima fueron escuchados por personas que se encontraban en las cercanías del local, quienes acudieron en su ayuda para auxiliarla y posteriormente coordinar su traslado a un centro médico.
La gravedad de las lesiones fue alarmante. María Quevedo sufrió aproximadamente 80 lesiones en su cuerpo, las cuales incluyeron fracturas y el desprendimiento de una parte del cuero cabelludo. A pesar de la severidad de las heridas y de que el ataque quedó plenamente registrado en las cámaras de seguridad del negocio, la liberación inicial del agresor provocó fuertes cuestionamientos. La propia víctima, mientras permanecía hospitalizada, manifestó su profundo temor y aseguró que no regresaría a su establecimiento, haciendo público el caso para solicitar protección y exigir avances reales en la investigación.
Este caso escaló a niveles administrativos en la Alcaldía de Bogotá. El alcalde Carlos Fernando Galán calificó la liberación inicial de Acosta Lizardo como una decisión "inexplicable" y solicitó formalmente que el caso fuera investigado como una posible tentativa de feminicidio. Por su parte, el secretario de Seguridad, César Restrepo, explicó que la calificación inicial por lesiones personales fue el factor técnico que permitió que el señalado agresor recuperara la libertad. Ante esto, el Distrito solicitó la revisión del delito para adoptar medidas que garantizaran la protección de la víctima.
Finalmente, la Fiscalía decidió imputar el cargo de tentativa de homicidio, descartando la tentativa de feminicidio. Bajo esta nueva calificación, el proceso judicial se centrará en demostrar que Acosta Lizardo actuó con la intención deliberada de causarle la muerte a su empleadora. Aunque el procesado no ha aceptado los cargos y permanece amparado por la presunción de inocencia, la jueza de control de garantías determinó que debe permanecer privado de la libertad en un centro carcelario mientras se emite una decisión definitiva.
En relación con el vínculo laboral, María Quevedo aclaró que el hombre llevaba cerca de dos semanas trabajando en la pastelería y que, previo al ataque, ya había realizado comentarios e insinuaciones que resultaban incómodos para ella. Asimismo, la empresaria negó la existencia de cualquier deuda laboral, afirmando que ya había realizado los pagos correspondientes e incluso había otorgado adelantos de dinero. Sobre la noche del ataque, explicó que no pudo realizar la transferencia exigida por el trabajador debido a que le habían robado el teléfono celular y sus cuentas bancarias se encontraban bloqueadas.
