La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha oficializado un nuevo incremento en los montos destinados a las jubilaciones, pensiones y diversas asignaciones sociales. Esta medida, que impactará directamente en los haberes que los beneficiarios percibirán durante el mes de octubre, fue formalizada a través de la publicación de la resolución 284/2026 en el Boletín Oficial, la cual quedó establecida durante la madrugada de este día.
De acuerdo con los lineamientos dispuestos en la normativa oficial, el incremento fijado para las prestaciones previsionales es del 1,66%. Este porcentaje de suba ha sido determinado siguiendo la tendencia del último dato registrado de la inflación, buscando así ajustar los haberes conforme a la evolución de los precios.
Como resultado directo de esta actualización, el haber mínimo para los jubilados y pensionados ha pasado a ser de $435.748,51. Por otro lado, el tope máximo de las prestaciones quedó fijado en la suma de $2.932.174,85. Es importante destacar que esta medida de actualización comprende una amplia gama de beneficios, incluyendo no solo las jubilaciones y pensiones ordinarias, sino también la Prestación Básica Universal (PBU) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
En relación con la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), la resolución detalla que para el mes de octubre el monto percibido será de $348.598,81. Esta prestación específica se encuentra prevista bajo el marco de la Ley N.º 27.260 y está destinada a aquellas personas que tengan 65 años o más y que, por diversas razones, no reúnen los requisitos necesarios para acceder a una jubilación ordinaria.
Asimismo, la normativa contempla la modificación del valor de la Prestación Básica Universal (PBU), cuyo monto quedó establecido en $199.335,05. Cabe recordar que la PBU es un componente fundamental que integra el cálculo de determinadas jubilaciones dentro del régimen general. La actualización de este valor forma parte de las atribuciones legales asignadas a la ANSES según la normativa vigente en la materia.
Respecto a otros beneficios adicionales, el documento oficial indica que aún permanece pendiente la oficialización del bono previsional extraordinario de 70 mil pesos. Este bono es una suma que el Gobierno Nacional ha estado pagando desde el año 2024, pero que para el ciclo de octubre todavía no ha sido formalmente ratificado en las resoluciones mencionadas.
La resolución 284/2026 no se limita únicamente a los haberes percibidos, sino que también introduce cambios significativos en las remuneraciones imponibles, las cuales tienen una incidencia directa sobre los aportes realizados al sistema de seguridad social. Para el período devengado correspondiente al mes de octubre, la base mínima imponible se ha fijado en $146.759,98, mientras que la base máxima ascenderá a la cifra de $4.769.631,49.
En paralelo a estas medidas, la ANSES emitió la resolución 283/2026, a través de la cual se determinó que los límites y rangos de ingresos del grupo familiar, así como los montos de las asignaciones familiares, también experimentarán un incremento del 1,66%.
Esta actualización en los rangos implica que existirán nuevos topes para el acceso a estos beneficios. En concreto, aquellas personas que perciban un ingreso superior a $3.209.863 quedarán excluidas del beneficio del cobro de las asignaciones familiares. Estos nuevos rangos y montos rigen para el mes de octubre de 2026 y están destinados a los trabajadores en relación de dependencia registrados y a los titulares amparados por la Ley de Riesgos del Trabajo en la República Argentina.
Finalmente, la normativa mantiene la diferenciación por zonas geográficas para el pago de las asignaciones. La Zona 1 abarca las provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, incluyendo también el Partido de Patagones en la provincia de Buenos Aires. Por su parte, las Zonas 3 y 4 incluyen regiones específicas de provincias como Catamarca, Jujuy, Salta, Santa Cruz y Tierra del Fuego, entre otras áreas determinadas por la normativa vigente. Estas distinciones territoriales tienen como objetivo que los montos de las asignaciones se ajusten a las particularidades económicas y sociales propias de cada región del país.
