La Contraloría General de la República ha anunciado el inicio de una investigación sumaria dirigida a la Municipalidad de Arica, tras el hallazgo de diversas irregularidades relacionadas con el uso de un vehículo fiscal. El foco de la indagatoria se centra en las acciones realizadas por el chofer del alcalde de la comuna, quien habría utilizado el automóvil municipal para fines personales, contraviniendo las normativas de uso de bienes públicos.
Los hechos que originaron esta acción fiscalizadora se remontan al pasado 14 de mayo de 2026. Según los antecedentes recopilados, el funcionario municipal, tras haber participado en una actividad de carácter oficial, habría empleado el vehículo institucional —destinado exclusivamente al transporte del jefe comunal— para trasladarse a una actividad privada. En el marco de este desplazamiento no autorizado, se presume que el conductor consumió bebidas alcohólicas, lo que derivó en un accidente de tránsito.
El incidente ocurrió en la calle Barros Luco de Arica, donde el automóvil municipal colisionó con otro vehículo. Testigos presentes en el lugar procedieron a retener al conductor hasta la llegada de las autoridades. De acuerdo con el Informe de Investigación Especial N.° 460 de 2026, emitido por la Contraloría Regional de Arica y Parinacota, el examen de alcotest practicado al funcionario reveló una concentración de 1,44 g/l de alcohol en la sangre, cifra que confirma el estado de ebriedad al momento de conducir.
La fiscalización de la Contraloría no se limitó únicamente al comportamiento del funcionario, sino que también extendió su análisis al actuar de las fuerzas policiales. El informe señala que, una vez concluido el procedimiento respectivo, Carabineros trasladó el vehículo municipal a las dependencias de la Tercera Comisaría de Arica. El ente contralor advirtió que dicha acción no se ajustó a los procedimientos institucionales vigentes. Debido a esta observación, la Prefectura de Carabineros Arica N.° 1 ha instruido una investigación administrativa interna, cuyos resultados deberán ser remitidos a la Contraloría General de la República en un plazo máximo de 15 días hábiles.
Por otro lado, la investigación puso de manifiesto graves deficiencias en los sistemas de resguardo y control interno de la Municipalidad de Arica. El organismo de control detectó que el municipio no fue capaz de acreditar documentalmente el proceso de retiro, traslado y custodia del vehículo tras el accidente. No existen registros oficiales sobre quién recibió las llaves del automóvil, quién efectuó el retiro desde la comisaría ni bajo qué autorización formal el vehículo pudo ser conducido nuevamente.
En cuanto a los daños materiales, la Municipalidad de Arica tampoco proporcionó los antecedentes técnicos ni administrativos correspondientes. El informe indica que las reparaciones del vehículo fueron presuntamente financiadas por el propio funcionario involucrado. No obstante, la Contraloría subrayó que esta situación es irregular, ya que correspondía al municipio realizar la verificación formal de los daños, autorizar los trabajos de reparación y mantener toda la documentación de respaldo para asegurar la trazabilidad de las actuaciones y proteger el patrimonio municipal.
Asimismo, la fiscalización reveló fallas estructurales en los protocolos de seguridad del municipio. Se identificó que la entidad mantiene vigente el "Protocolo de Operación Departamento de Seguridad y Operaciones V4.0", pero este documento carece de un acto administrativo que lo apruebe formalmente. Además, se observó que dicho protocolo no contempla los requerimientos mínimos de reporte ante accidentes de tránsito o situaciones de conducción bajo la influencia del alcohol.
Ante estos hallazgos, la Contraloría ha instruido a la Municipalidad de Arica formalizar su protocolo e incorporar procedimientos específicos. Estos deberán incluir el registro de accidentes, el reporte de casos de conducción en estado de ebriedad, los mecanismos de comunicación institucional y la definición clara de las responsabilidades asociadas a la elaboración, supervisión y seguimiento de dicha información.
Finalmente, la Contraloría General de la República informó que remitirá todos los antecedentes al Ministerio Público para que se determinen las responsabilidades penales correspondientes. Cabe mencionar que el Consejo de Defensa del Estado ya había interpuesto una querella por los hechos investigados.
