Con fecha del 20 de septiembre de 2026, la relación bilateral entre México y Estados Unidos atraviesa un periodo de delicada tensión, marcado por un diferendo jurídico y político que amenaza con derivar en una crisis diplomática de consecuencias graves. El núcleo del conflicto actual se centra en la exigencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para que el gobierno mexicano cumpla con el Tratado de Extradición vigente, específicamente en lo relativo a políticos vinculados al crimen organizado.
Para comprender la magnitud de la situación, es necesario analizar el comportamiento histórico de Estados Unidos hacia América Latina. Desde la perspectiva de los hechos, tras las guerras mundiales del siglo XX, el saldo diplomático de Washington con Europa fue positivo; sin embargo, su relación con la región latinoamericana ha estado marcada por la ceguera, la incomprensión, el abuso y una soberbia imperial que prevaleció sobre la responsabilidad. A pesar de que las repúblicas latinoamericanas nacieron admirando el modelo estadounidense, Estados Unidos no supo proteger a los sectores demócratas y liberales de la región, manteniendo una tendencia a apoyar dictaduras que sirvieran a sus propios intereses.
Esta dinámica de tensión no ha desaparecido con la administración de Donald Trump. México, en particular, posee motivos suficientes para rechazar agresiones, prejuicios y arbitrariedades provenientes del norte. No obstante, el análisis actual sugiere que el conflicto por la extradición de políticos ligados al narcotráfico y el crimen organizado no se enmarca en una agresión externa a la soberanía. Por el contrario, se plantea que es el propio gobierno de México el que, en este momento, supedita la soberanía nacional a la "soberanía personal" de delincuentes.
La situación actual evoca un antecedente ocurrido hace exactamente un siglo. En el verano de 1926, el gobierno de Estados Unidos amenazó a México con una acción militar, siguiendo la estela de las intervenciones de 1847, 1914 y 1916. En aquella ocasión, las compañías petroleras estadounidenses, recelosas de la Constitución de 1917 y específicamente del artículo 27 sobre los recursos naturales, impulsaron una narrativa que presentaba a México como una potencial Unión Soviética. Bajo la influencia de la cadena de noticias Hearst, se hablaba de castigar al "Soviet Mexico" y el presidente Coolidge mostró disposición a escuchar estas demandas.
En aquel entonces, el presidente Plutarco Elías Calles respondió con una combinación de firmeza, prudencia y responsabilidad. A través de una operación de inteligencia liderada por Luis N. Morones, se revelaron planes intervencionistas que se fraguaban fuera del Congreso estadounidense. Gracias a los esfuerzos del embajador Manuel C. Téllez, y al apoyo de figuras como Fiorello H. La Guardia, Walter Lippmann y Carleton Beals, se convenció a Coolidge de que el nacionalismo mexicano era legítimo y no estaba vinculado al comunismo. La llegada del embajador Dwight Morrow en 1927 permitió reconstruir la relación sobre nuevas bases, logrando una paz duradera que incluso resistió la nacionalización petrolera de 1938 bajo el mandato de Lázaro Cárdenas.
Sin embargo, el escenario de 2026 es fundamentalmente distinto. El reclamo actual no nace de intereses petroleros arbitrarios, sino de una demanda del Departamento de Justicia basada en un Tratado de Extradición firmado y vigente entre ambas naciones. La petición se fundamenta en el daño causado a vidas humanas por el crimen organizado y sus cómplices políticos dentro del territorio estadounidense. En este contexto, se señala que quien atenta contra el derecho internacional no es el gobierno de Estados Unidos, sino el gobierno mexicano.
La reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido calificada como desconcertante. Si bien su administración ha dejado de aplicar la política de "abrazos" a los criminales, mantiene una postura de cobijo hacia políticos aliados a estos grupos, argumentando la falta de pruebas. Este enfoque demagógico ignora que, de ser inocentes, dichos políticos podrían probarlo en los tribunales siguiendo el proceso legal previsto en el tratado. Al elegir la confrontación en lugar del cumplimiento jurídico, México pone en riesgo su vínculo con su principal socio comercial, una relación económica y social que afecta la vida diaria de millones de familias en ambos países.
Es imperativo reconocer que, más allá de las ideologías, existe una convergencia productiva de casi 40 años entre México y Estados Unidos. Los pueblos de ambas naciones no mantienen animosidad, sino un deseo de convivencia y trabajo conjunto. El volumen de intercambio humano y comercial es una realidad numérica que no puede ser distorsionada por la mala fe gubernamental.
Por todo lo anterior, el cumplimiento del Tratado de Extradición se presenta como un imperativo histórico. De corregir el rumbo, la presidenta Sheinbaum adquiriría la autoridad política y moral necesaria para gestionar los desafíos que implica tratar con el gobierno de Trump. De lo contrario, se arriesga a pasar a la historia como la responsable de provocar una crisis diplomática de consecuencias aterradoras, en un momento donde no hay razones claras para confiar en que el gobierno actúe con sentido de responsabilidad.
