La costa de la provincia de Manabí se ha consolidado como un punto crítico para las operaciones del crimen organizado en Ecuador. Recientes investigaciones y operativos revelan que las redes de narcotráfico están reclutando activamente a pescadores locales, aprovechando sus conocimientos de navegación y el dominio del mar para facilitar el traslado de sustancias ilícitas hacia Centroamérica y México.
De acuerdo con declaraciones del coronel William Calle, comandante de la Zona 4 de la Policía Nacional, las ofertas económicas para atraer a los pescadores son sumamente elevadas. Las redes criminales pueden llegar a ofrecer hasta 100.000 dólares a quienes participen en operaciones marítimas. El oficial precisó que existen pagos que oscilan entre los 80.000 y 100.000 dólares, mientras que aquellos que colaboran específicamente en el traslado de combustible pueden recibir hasta 50.000 dólares. El coronel Calle subrayó que no todos los reclutados integran formalmente una organización criminal; en muchos casos, son buscados exclusivamente por sus capacidades técnicas de navegación.
Este fenómeno de reclutamiento se ha concentrado en sectores pesqueros clave como San Mateo, Jaramijó, Puerto López, Jama, Camarones y Bahía. Según las autoridades, estas personas son utilizadas para transportar droga o para abastecer a otras embarcaciones en altamar, funcionando como un soporte logístico esencial para las rutas del narcotráfico.
La dimensión de estas redes ha captado la atención del gobierno de Estados Unidos. El 20 de agosto de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro impuso sanciones contra ocho personas y siete empresas radicadas en Ecuador. Asimismo, se identificaron diez embarcaciones como bienes bloqueados. El Tesoro estadounidense detalló que una red asentada cerca de Manta utilizaba empresas y naves vinculadas a la pesca para transportar cocaína y brindar apoyo a lanchas rápidas. Entre los sancionados se encuentran propietarios de empresas pesqueras y operadores de embarcaciones, a quienes se les vincula con organizaciones criminales como Los Choneros y Los Lobos.
El soporte logístico brindado por estas naves incluye el suministro de combustible, alimentos y asistencia médica para las lanchas cargadas con droga, además de realizar labores de vigilancia para alertar sobre la presencia de fuerzas militares o policiales. Entre las embarcaciones bloqueadas por la OFAC figuran: Todos Vuelven, Arca de Noé III, Arca de Noé III Jr., Arca de Noé IV, Arca de Noé V, Conquista, Siempre Mi Arca, Rey de Arca, Costa Marlin y Solo Es Mejor.
Esta modalidad operativa fue advertida previamente en el Informe de Caracterización del Crimen Organizado en Ecuador 2025, elaborado por el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO). El documento señala que las embarcaciones artesanales y lanchas pequeñas son ideales para el narcotráfico debido a su facilidad para salir a altamar, su baja detectabilidad y la capacidad de conectarse con naves de mayor autonomía. El informe también describe el uso de lanchas "go-fast" con capacidad de transportar hasta 700 kilos de carga por viaje.
El tráfico de combustibles es otro eslabón crítico. El OECO documentó que el diésel y la gasolina son trasladados desde Manabí, Guayas y Santa Elena hacia altamar en lanchas de fibra de vidrio. Este delito ha mostrado un crecimiento alarmante: las denuncias relacionadas con hidrocarburos pasaron de 160 en 2020 a 652 en 2024, lo que representa un incremento del 308%, siendo Manabí una de las provincias más afectadas.
En el ámbito operativo, el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) ha intensificado sus interdicciones en el Pacífico Oriental. Entre el 28 de agosto y el 16 de septiembre, se reportaron ocho intervenciones. En estos operativos, el Comando Sur interceptó estaciones flotantes de reabastecimiento vinculadas a Los Choneros. En cada procedimiento, los tripulantes fueron retirados antes de que las embarcaciones fueran hundidas. Las fechas de estas operaciones fueron el 28 de agosto, el 2 y 3 de septiembre, el 5, 7, 8, 15 y 16 de septiembre.
Sin embargo, estas acciones han generado tensiones sociales. El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos ha documentado que, durante 2026, al menos 181 pescadores ecuatorianos se han visto afectados por intervenciones estadounidenses en diez embarcaciones. Familias en Manta, como la de Efraín López (tripulante del OM2), han denunciado que sus familiares salieron a trabajar y no participaban en actividades ilegales. Recientemente, 28 pescadores del OM2 y Conquista 2 fueron liberados tras pasar por la Unidad de Vigilancia Comunitaria de Manta, mientras que otros 32 pescadores quedaron en libertad pero sujetos a procesos judiciales y prohibición de salida del país.
Finalmente, la inseguridad ha impactado la economía local. Manta, a pesar de su potencial turístico, registró una caída de aproximadamente el 20 % en su ocupación hotelera durante el año 2025, un descenso que el gremio turístico atribuye directamente a la violencia y la inseguridad imperante en la zona.
