La Defensoría del Pueblo cumple tres décadas de existencia, pero el festejo llega empañado por graves cuestionamientos a su actual titular, Josué Gutiérrez. El defensor se encuentra hoy en el centro de múltiples polémicas que ponen bajo la lupa su gestión.
La Contraloría ha iniciado una recopilación de información sobre actividades irregulares, destacando el denominado “Fiestón del Año”, evento que incluyó la venta de entradas para presentaciones de Alma Bella y Deyvis Orosco. A esto se suman reportajes sobre viajes oficiales en los que coincidió con su esposa y presuntos trasiegos irregulares de viáticos.
En el ámbito judicial, el Ministerio Público lo ha incluido en una investigación por el nombramiento indebido de una funcionaria que no cumplía el perfil profesional, resolución que fue firmada por el propio Gutiérrez.
En el Parlamento, la situación es igualmente tensa. Enfrenta una denuncia constitucional tras afirmar que, si Keiko Fujimori disolviera el Congreso, su popularidad podría subir entre 20 y 30 puntos. Estas declaraciones, sumadas a su trayectoria política —que transita desde el humalismo hasta haber sido asesor de Perú Libre—, han provocado una moción de remoción impulsada por quienes lo consideran un traidor a su pasado ideológico.
A pesar de las críticas, Gutiérrez conserva el respaldo de sectores de derecha, quienes valoran su rol en la designación de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia y su defensa de figuras como Vladimir Cerrón y Guillermo Bermejo.
Finalmente, un cambio legal asegura su continuidad. Gracias a la Ley 32028, cuando su mandato venza en mayo de 2028, Josué Gutiérrez no tendrá que dejar el cargo inmediatamente, sino que podrá permanecer en el puesto hasta que el Congreso nombre a su sucesor.
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