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Poder Judicial cierra proceso contra PPK por presunto lavado de activos

La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró como atípicos los hechos que la Fiscalía atribuía al expresidente y ordenó el cierre definitivo del proceso, aunque uno de los tres jueces discrepó parcialmente con el fallo.

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Poder Judicial cierra proceso contra PPK por presunto lavado de activos

El Poder Judicial cerró de forma definitiva el proceso penal contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski por presunto lavado de activos agravado. Esta investigación estaba vinculada a los aportes recibidos por su partido, Peruanos por el Kambio, durante la campaña electoral del 2016.

La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional revocó una resolución previa y ordenó anular todas las medidas y antecedentes generados contra el exmandatario en este caso. El Ministerio Público sostenía que PPK utilizó cuatro mecanismos para mover dinero irregularmente: el reclutamiento de aportantes falsos, técnica conocida como "pitufeo", la recaudación en eventos, préstamos personales del expresidente y el traspaso de fondos entre administradores de campaña. Además, la Fiscalía alegaba que estas acciones se realizaron dentro de una organización criminal.

¿Cuál fue el motivo del cierre? El punto central fue un tema de tiempos legales. El delito de financiamiento irregular de organizaciones políticas recién fue tipificado en el año 2019, mientras que los hechos atribuidos a PPK ocurrieron en 2016. Los magistrados determinaron que, al no existir el delito de financiamiento prohibido en aquel momento, no es posible aplicar la figura de lavado de activos, ya que este requiere un delito previo del cual provenga el dinero. Por lo tanto, los hechos fueron declarados atípicos, lo que también anuló el cargo de organización criminal.

Es importante precisar que este fallo no cierra todas las puertas judiciales para el expresidente. Kuczynski aún mantiene otros procesos abiertos, como el caso por presunta colusión vinculado a Odebrecht y el proceso por el caso IIRSA Norte, en el cual existe un pedido fiscal de ocho años y medio de prisión. Ninguno de estos dos procesos se ve afectado por la decisión actual.

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