El ministro de Justicia, Iván Cancino, ha revelado los pormenores del proyecto de ley de sometimiento que el Gobierno de Abelardo De La Espriella radicará próximamente en el Congreso. Esta iniciativa busca establecer una hoja de ruta clara para la entrega de jefes e integrantes de organizaciones criminales, fundamentada en el sometimiento a la Constitución y no en la negociación política.
Durante una entrevista con la periodista Vicky Dávila, el ministro fue enfático al señalar que este proyecto representa la "sepultura de la paz total". Cancino aclaró que el Gobierno no abrirá espacios para mesas de diálogo, negociaciones ni otorgará estatus político a los grupos ilegales. Asimismo, descartó la creación de zonas de concentración de largo tiempo sin compromisos legales y aseguró que los grupos terroristas no podrán opinar ni debatir sobre el contenido de la ley.
En cuanto a los beneficios penales, el proyecto establece reglas estrictas. Los líderes o personas con carácter de mando en organizaciones criminales no podrán obtener una rebaja de pena superior al 30 por ciento. Por su parte, los integrantes de otros rangos podrán aspirar a una rebaja del 50 por ciento. No obstante, el ministro subrayó que el acceso a estos beneficios estará supeditado a la voluntad de las víctimas.
Una de las innovaciones más significativas es que, para obtener la libertad condicional, se propondrá que el condenado haya cumplido cuatro quintas partes de su pena, en lugar de las tres quintas partes que exige la ley ordinaria. Además, la libertad condicional o la suspensión de la pena requerirán obligatoriamente un concepto favorable de la víctima, quien podrá oponerse si considera que el victimario no ha dicho la verdad o no ha entregado los bienes.
Sobre la reparación y la verdad, Cancino afirmó que el compromiso es absoluto. Para acceder a beneficios adicionales, como la reducción de la regla de trabajo y estudio (pasando de tres días por uno a dos días por uno), el sometido deberá reparar a las víctimas, contar la verdad, entregar dinero, liberar secuestrados y revelar la ruta de los desaparecidos. En materia de bienes, la ley será tajante: no habrá devolución de porcentajes. Todo lo adquirido de manera ilícita deberá ser entregado para la reparación de las víctimas. Si se descubre que un sometido ocultó bienes, será expulsado inmediatamente del proceso y regresará a la justicia ordinaria.
El proceso judicial no contará con una jurisdicción especial, sino que se llevará a cabo a través de fiscales y jueces. Se ha sugerido a la Fiscalía la creación de una unidad especial sin que esto implique nuevos cargos. Para iniciar el proceso, los grupos criminales deberán designar un interlocutor válido, quien debe ser obligatoriamente un abogado ajeno a la organización, eliminando cualquier intermediación política o parlamentaria.
El ministro fue claro respecto a las órdenes de captura y las extradiciones: ninguna se suspenderá. Quienes tengan pedidos de extradición deberán cumplir dicho proceso para luego, como beneficio, regresar a Colombia y arreglar su situación jurídica. Además, el Gobierno ha dejado claro que quienes ya se encuentren capturados no podrán beneficiarse de esta ley, pues no se pretende desconocer el esfuerzo de la Fuerza Pública.
En el ámbito penitenciario, el Gobierno apuesta por cárceles normales y "productivas" para evitar la reincidencia, descartando sitios de reclusión extravagantes. Sin embargo, se confirmó el estudio de un "buque cárcel" destinado exclusivamente a los delincuentes más peligrosos que sigan delinquiendo desde el encierro. También se planea la construcción de megacárceles mediante alianzas público-privadas y se estudia la posibilidad de que el Inpec pase a depender del Ministerio de Defensa.
Finalmente, el ministro respondió a casos específicos, instando a líderes como alias Calarcá a reflexionar y entregarse, mientras que fue tajante con alias Pinocho, asegurando que si su única condición es pagar cinco años de cárcel, "que no venga". Respecto a alias Araña, confirmó que su extradición está en marcha tras certificarse que no realizó aportes reales a la paz.
