El tribunal de paz de Colombia ha denunciado formalmente la existencia de una estrategia orientada a la "asfixia económica" de su institución. Esta maniobra contaría con el apoyo directo del presidente de tendencia derechista, Abelardo de la Espriella, quien ejerce presión para que se apruebe un proyecto de ley impulsado por el partido gubernista con el objetivo de reducir drásticamente el presupuesto asignado al tribunal.
Según la denuncia presentada este viernes 18 de septiembre, la propuesta legislativa busca recortar el presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en una cifra superior a los 30 millones de dólares, monto que equivale aproximadamente a 154,7 millones de reales. Esta medida representaría un golpe financiero significativo para el organismo encargado de procesar los crímenes cometidos durante el conflicto interno del país.
La Jurisdicción Especial para la Paz fue establecida como parte del histórico acuerdo de paz alcanzado en el año 2016 con las guerrillas de las Farc. La función principal de este tribunal es investigar y procesar los delitos más graves que ocurrieron a lo largo de medio siglo de conflicto armado interno en la nación sudamericana, buscando brindar justicia y verdad a las víctimas.
Sin embargo, el actual mandatario, Abelardo de la Espriella, mantuvo una postura crítica hacia este organismo desde su etapa electoral. Durante su campaña presidencial, De la Espriella defendió abiertamente el fin de la corte y prometió desmantelar el tribunal. Esta postura se alinea con diversos sectores políticos que critican la labor de la JEP, argumentando que las sentencias emitidas contra los exguerrilleros son excesivamente brandas y cuestionando la legitimidad de las investigaciones dirigidas hacia las fuerzas públicas por presuntos crímenes de guerra.
En este contexto, el senador Enrique Gómez, integrante del partido que llevó a De la Espriella a la presidencia, fue el encargado de presentar el proyecto de ley el pasado jueves. La iniciativa propone una reducción presupuestaria estatal para la JEP de aproximadamente 31 millones de dólares. El senador Gómez ha sido tajante en sus críticas hacia la institución, llegando a referirse a la JEP como "la jurisdicción de la impunidad".
La propuesta legislativa no solo busca el recorte de fondos, sino que plantea formalmente la transferencia de esos recursos económicos hacia el sistema judiciario tradicional de Colombia, desplazando así el financiamiento de la justicia transicional hacia la justicia ordinaria.
El respaldo del presidente a esta medida se manifestó a través de sus redes sociales. De la Espriella escribió el mensaje "¡Publiquen, comuniquen y cumplan!", haciendo referencia directa al proyecto de ley presentado por el senador Gómez, lo que confirma su apoyo explícito a la reducción del presupuesto del tribunal de paz.
Ante esta situación, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, compareció ante los medios de comunicación este viernes para expresar su preocupación. Ramelli afirmó que la propuesta legislativa es una prueba clara de la existencia de una estrategia diseñada para impedir el funcionamiento efectivo del tribunal mediante la mencionada "asfixia económica".
El titular de la JEP no se limitó a la denuncia interna, sino que lanzó un llamado urgente a la comunidad internacional. Ramelli solicitó la intervención de organismos y entidades globales para que actúen en el sentido de detener esta iniciativa legislativa, argumentando que el recorte presupuestario pondría en riesgo la operatividad y los objetivos de justicia del tribunal.
La disputa pone de relieve la tensión política en Colombia respecto al legado del acuerdo de 2016, enfrentando la visión de una justicia transicional especializada contra la postura del gobierno actual que busca fortalecer la justicia tradicional y limitar el alcance de la JEP.
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