La audiencia de conciliación programada para el pasado 14 de septiembre en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá finalizó sin que las partes lograran alcanzar un acuerdo. En este encuentro participaron Eva Ferrer, Verónica Alcocer y Manel Grau, quienes se encuentran envueltos en una disputa legal centrada en el reclamo de recursos económicos que Ferrer sostiene que le fueron adeudados por servicios de asesoría profesional.
El núcleo del conflicto radica en el pago de una suma considerable que, según ha expuesto la defensa técnica de Eva Ferrer, supera los 640 millones de pesos. De acuerdo con la reclamante, estos recursos corresponden a honorarios pendientes por labores de asesoría realizadas durante un periodo crítico: el desarrollo de la campaña presidencial y el proceso de llegada del expresidente Gustavo Petro.
La representación legal de Ferrer, liderada por la abogada María Soledad Morales, ha sido enfática al señalar que el objeto de la disputa es una deuda derivada de servicios de asesoría en materia civil y comercial. La defensa sostiene que dichas labores, fundamentales para el periodo mencionado, no fueron remuneradas en su totalidad, dejando un saldo pendiente que ha motivado el inicio de este trámite administrativo.
En el desarrollo de los argumentos presentados por la defensa, se ha subrayado que a Eva Ferrer le habrían dejado de pagar los últimos cuatro meses de su trabajo. Asimismo, se reveló que los acuerdos de pago originalmente pactados para coordinar su llegada a Colombia no se limitaban a una sola moneda, sino que contemplaban la entrega de recursos tanto en euros como en pesos colombianos, lo que añade una capa de complejidad a la liquidación de la deuda reclamada.
Tras la culminación de la diligencia, la defensa de Ferrer confirmó que no se llegó a ningún consenso. No obstante, destacaron que la realización de esta audiencia era un paso procesal fundamental, ya que con ella se agota la etapa de conciliación obligatoria. Este requisito es indispensable antes de que la parte demandante pueda acudir formalmente a los juzgados, opción que la defensa considera ahora como la vía más viable para poner fin al conflicto y lograr el recaudo de los fondos.
Es importante resaltar que esta no fue la primera tentativa de resolución amistosa. Según informó la defensa de Ferrer, esta diligencia representó la tercera convocatoria a conciliación. Durante la sesión, Verónica Alcocer estuvo representada por su abogado, quien manifestó la decisión de no aceptar ningún acuerdo conciliatorio. Por su parte, Manel Grau no estuvo presente en la diligencia; el implicado había informado con antelación que no asistiría al encuentro y que no tenía interés alguno en participar en el trámite de conciliación.
Ante la ausencia de un acuerdo mutuo, el camino queda abierto para que la defensa de Eva Ferrer inicie las acciones judiciales civiles correspondientes. El objetivo de estas futuras demandas sería reclamar legalmente los recursos que consideran pendientes y asegurar el cumplimiento de los compromisos económicos adquiridos inicialmente.
Este proceso de cobro se desarrolla de manera paralela a una situación jurídica más compleja. Actualmente, la Fiscalía General de la Nación adelanta una indagación para determinar el alcance y la veracidad de la información contenida en una serie de audios que fueron publicados recientemente. En dichas grabaciones se realizan señalamientos sobre presuntas irregularidades que involucrarían a Verónica Alcocer y a personas pertenecientes a su círculo cercano.
Las grabaciones, en las cuales se atribuyen conversaciones a Eva Ferrer, contienen menciones sobre supuestos manejos irregulares de dinero y presuntas contrataciones en diversas entidades del Estado. Estos hechos, que han generado atención pública, son actualmente objeto de verificación y análisis por parte del ente investigador para establecer si existieron conductas delictivas o irregularidades administrativas en los procesos mencionados.
