El proceso judicial en torno al femicidio de Érika Antonella Álvarez continúa registrando movimientos significativos en las audiencias preparatorias, las cuales funcionan como el paso previo indispensable para el inicio del juicio oral. En las últimas novedades procesales, la justicia ha concedido el beneficio del arresto domiciliario a Jorge “Chicho” Díaz, quien es uno de los acusados de haber participado en el encubrimiento del crimen.
El caso se remonta al pasado 7 de enero, fecha en la que la joven fue asesinada en una vivienda ubicada en Yerba Buena. Tras el cometimiento del hecho, el cuerpo de la víctima fue trasladado y posteriormente hallado en un descampado de la zona de Manantial Sur. Por este femicidio, la principal acusación recae sobre Felipe “El Militar” Sosa, imputado por homicidio agravado. Sin embargo, la investigación se extendió hacia el entorno del sospechoso, procesando a otras personas que habrían desplegado diversas conductas orientadas a encubrir el asesinato.
Entre los procesados por encubrimiento se encuentran Justina Gordillo, quien se desempeña como funcionaria judicial y era expareja de Sosa; Nicolás Navarro Flores, identificado como un amigo personal del imputado por el homicidio; y Jorge “Chicho” Díaz, quien es empleado de confianza del empresario. Cada uno de estos implicados ha tenido un recorrido procesal distinto en las últimas etapas.
En el caso de Nicolás Navarro Flores, quien contó con la defensa técnica de Patricio Char y Candelaria Hernández, la situación jurídica se resolvió mediante un juicio abreviado. El imputado aceptó recibir una pena de tres años de prisión, la cual ya se encuentra cumpliendo. Por su parte, Justina Gordillo, asistida legalmente por María Florencia Abdala y Camilo Atim, ya había obtenido previamente la medida de arresto domiciliario. Para acceder a este beneficio, Gordillo debió hacer efectiva una caución fijada en 30 millones de pesos y aceptar la colocación de una pulsera de seguimiento electrónico.
Recientemente, el foco estuvo puesto en la situación de Jorge “Chicho” Díaz. Su defensor, Juan Pablo Bello, solicitó formalmente en una audiencia de impugnación que se le otorgara a su asistido el arresto domiciliario. El argumento central de la defensa fue que no existían razones fundadas para creer que Díaz pudiera entorpecer el desarrollo de la investigación penal. Esta solicitud no fue recibida con agrado por la acusación; tanto el fiscal Pedro Gallo como la querella, representada por el abogado Carlos Garmendia, manifestaron su oposición al pedido.
A pesar de la resistencia del fiscal y la querella, la jueza Jimena Suárez decidió aceptar el pedido de la defensa, siguiendo el criterio aplicado anteriormente con Gordillo. No obstante, la magistrada realizó un ajuste en las condiciones económicas debido a la situación socioeconómica del imputado, reduciendo el monto de la caución a 20 millones de pesos. Ante esta resolución, el abogado Juan Pablo Bello señaló la dificultad de reunir dicha suma, afirmando que es una cantidad excesiva para alguien que se desempeña como jardinero y mecánico, y que además no ha podido trabajar desde hace varios meses.
Paralelamente a estas resoluciones sobre la libertad restringida de los encubridores, avanzan las audiencias preparatorias del juicio oral, el cual se estima que podría llevarse a cabo antes de que finalice el año. Durante estos debates surgieron dos novedades judiciales de relevancia.
La primera tiene que ver con el ámbito civil y el resarcimiento económico. A pedido de Marcelo Cosciansi, defensor de Felipe Sosa, se determinó la exclusión de los hermanos de Érika Antonella Álvarez del reclamo civil. Esta decisión impacta directamente en la cuantía del pedido de indemnización, reduciendo el monto original de 500 millones de pesos en un 50%.
La segunda novedad es de carácter testimonial y probatorio. Se informó que Felipe Sosa habría reconocido haber “descartado” el cuerpo de la víctima. Según el imputado, esta acción fue motivada por el temor a sufrir represalias por parte del novio de Érika, quien sería un narcotraficante. Estas revelaciones se suman al complejo entramado de este caso que continúa en etapa de preparación procesal.
