Este 15 de septiembre, la ciudad de San Salvador fue el escenario de una movilización ciudadana integrada por diversos colectivos que salieron a las calles para exigir el respeto a los derechos humanos y laborales, la restauración de la democracia, la separación de poderes y el funcionamiento correcto de la institucionalidad del país.
Marisela Ramírez, dirigente del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), señaló que estas manifestaciones se han realizado durante cinco años consecutivos. Según la dirigente, las organizaciones mantienen su presencia en las calles para denunciar los atropellos cometidos por el Gobierno y diversas situaciones de precariedad que afectan a la población. Ramírez manifestó que el país enfrenta una situación que, a su juicio, apunta a un empeoramiento constante.
La líder social enfatizó que El Salvador atraviesa un deterioro profundo en las condiciones materiales de vida del pueblo, destacando el aumento de la pobreza, el alto costo de la vida y la escasez de empleos dignos. A este panorama económico se suman, según Ramírez, reformas en el ámbito democrático que han provocado una concentración del poder en quienes actualmente gobiernan. Asimismo, advirtió que el país se encuentra ante un proceso electoral que calificó como totalmente viciado, asegurando que no existen garantías de transparencia.
En relación con la legitimidad del mandato gubernamental, los manifestantes consideran que, de los siete años que lleva la actual administración, dos de ellos se han desarrollado de forma inconstitucional, debido a que la Constitución de la República prohibía que un presidente se postulara para un nuevo periodo.
En el aspecto económico, Ramírez afirmó que la economía ha retrocedido en lugar de mejorar, subrayando que la canasta básica ha incrementado su costo en más del 30%. Para respaldar esta afirmación, se citaron cifras oficiales del Banco Central de Reserva (BCR), las cuales indican que en 2019, cuando el presidente Bukele asumió el poder, la Canasta Básica Alimentaria (CAB) rondaba los 200 dólares. Sin embargo, para junio del presente año, el costo de la CAB en la zona urbana alcanzó los 259.95 dólares, mientras que el salario mínimo solo tuvo un ajuste en 2022, pasando de 365 a 408 dólares.
La protesta también puso el foco en la vulnerabilidad del sector campesino y popular, la criminalización de la juventud y la carencia de políticas integrales de educación y desarrollo para mujeres, niños, niñas y adolescentes.
Por su parte, Sonia Urrutia, representante del Colectivo de Resistencia Obrera Sindical y del BRP, quien aglutina a sectores de salud, municipales, docentes y sindicatos, rechazó las arbitrariedades que viven estos gremios. Urrutia demandó la estabilidad laboral, el respeto al derecho al trabajo y la libertad sindical.
Uno de los puntos más críticos de la jornada fue el rechazo a la propuesta del Ministerio de Trabajo de ampliar la jornada laboral de 8 a 11 horas a cambio de descansar un tercer día. Urrutia calificó esta normativa como una medida que agrava las condiciones de la clase trabajadora y que, al pretender implementar jornadas de once horas diarias, actúa en detrimento de la familia y se convierte en una forma de esclavitud laboral. En este mismo sentido, Rafael Méndez, de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral, recordó que las ocho horas de trabajo fueron una conquista histórica de los trabajadores, por lo que cualquier ampliación representa un retroceso directo en sus derechos.
Méndez también cuestionó el concepto de independencia actual, afirmando que, si bien históricamente los gobiernos se sometieron a potencias imperialistas, el gobierno de Bukele se somete a los designios de la política de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, lo cual, según Méndez, impacta negativamente a los pueblos latinoamericanos.
La marcha contó además con la participación de familiares de personas detenidas bajo el régimen de excepción, quienes exigieron la libertad de sus seres queridos. Samuel Ramírez, coordinador del Movimiento de Víctima del Régimen (MOVIR), denunció que el Gobierno utiliza esta medida para someter al pueblo, violentando los derechos humanos de miles de personas ajenas a las pandillas.
El régimen de excepción, implementado en marzo de 2022 tras un aumento en los homicidios, ha sido prorrogado mensualmente, convirtiéndose en una política permanente que suspende derechos fundamentales como la defensa técnica, la inviolabilidad de la correspondencia y la detención administrativa por 72 horas. Los integrantes de MOVIR señalaron que han agotado todas las instancias nacionales de justicia, siendo la calle el único camino restante para exigir liberaciones.
La movilización finalizó frente a la Plaza Cívica y la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES). Durante la concentración final, dos personas ajenas a la marcha intentaron provocar a los asistentes proclamando el nombre de Bukele y calificando las demandas como basura, aunque fueron ignoradas por los manifestantes y se les invitó a retirarse.
