La comuna de Peñalolén se ha convertido en el escenario de una intensa disputa política y administrativa tras la decisión del alcalde Miguel Concha de ordenar el cierre de la medialuna local. La medida, basada en el incumplimiento de normativas urbanísticas y comerciales, ha generado una reacción inmediata y airada por parte de representantes del Partido Republicano, quienes califican la acción municipal como arbitraria.
La municipalidad de Peñalolén fundamentó la clausura de la medialuna en dos razones principales de carácter técnico y legal. En primer lugar, la administración municipal señaló que el recinto no contaba con el permiso de edificación correspondiente ni con la patente comercial necesaria para operar legalmente. En segundo lugar, el municipio precisó que la infraestructura se encuentra ubicada en el sector de la quebrada La Gringa y Macul, una zona que ha sido identificada como un área de alto riesgo geofísico, lo que comprometería la seguridad de quienes asisten al lugar.
Esta determinación no fue bien recibida por concejales y diputados del Partido Republicano, quienes cuestionaron la gestión del alcalde Miguel Concha. Los representantes del partido argumentaron que la municipalidad tenía la responsabilidad de acompañar a las diversas organizaciones de la comuna para guiarlas en el proceso de regularización de sus espacios, en lugar de proceder directamente a la clausura.
Uno de los puntos centrales del malestar republicano es la temporalidad de la notificación. Según denunciaron los legisladores y el cuerpo de concejales, la municipalidad notificó la decisión un día viernes a las 9 de la noche, procediendo a la clausura efectiva el lunes siguiente a las 8 de la mañana. Ante este cronograma, el sector político afirmó que dicho procedimiento "no procede", sugiriendo una falta de debido proceso y tiempo razonable para responder a la medida.
El concejal Sebastián Villouta fue uno de los críticos más vocales, señalando que el municipio no puede prohibir un deporte que goza de un reconocimiento histórico en el país. Para sustentar su postura sobre la selectividad de la fiscalización, Villouta recordó que en la misma zona se encuentran edificaciones de gran envergadura y concurrencia, tales como la Universidad Adolfo Ibáñez, el Templo Bahaí y el Parque Quebrada de Macul. En este sentido, el edil instó a que, si se va a fiscalizar, se haga de manera generalizada en todas las estructuras de la zona para evaluar qué otras acciones son necesarias para regularizar el sector, dado que existen otros recintos con alta asistencia de personas.
Por su parte, el diputado Francisco Ugarte enfatizó que el rodeo no es solamente un deporte reconocido legalmente, sino que constituye un elemento definitorio de la identidad chilena. Ugarte fue tajante al señalar que la medida del alcalde es un intento de prohibir un deporte nacional, sugiriendo que hay una motivación ideológica detrás de la clausura.
En la misma línea, el diputado Benjamín Moreno, jefe de la bancada de Republicanos, calificó la actuación de Miguel Concha como un "abuso de poder". Moreno cuestionó la supuesta sorpresa de la municipalidad respecto a la falta de permisos, preguntando si el alcalde realmente desconocía la ausencia del permiso de edificación hasta el momento de la clausura. Asimismo, advirtió sobre la peligrosidad de este precedente, cuestionando si el municipio actuaría de la misma forma con cualquier otro vecino que carezca de algún permiso administrativo.
Finalmente, el alcalde Miguel Concha respondió a las acusaciones de los Republicanos con dureza. El jefe comunal calificó de "decadente" que el Partido Republicano, a quien señaló como el principal partido de Gobierno, avale lo que él denominó como "prácticas clandestinas" dentro de Peñalolén. Concha reiteró que la medialuna operaba sin permiso de edificación ni patente comercial, y cerró su intervención rechazando la idea de que el rodeo sea una tradición unificadora, afirmando que es inaceptable que se imponga como tal algo que, a su juicio, divide a los chilenos y chilenas.
