El presidente Abelardo de la Espriella informó, durante su más reciente alocución, que su Gobierno implementará un protocolo nacional de actuación destinado a las instituciones de educación superior. Esta medida tiene como objetivo principal establecer los criterios y momentos precisos en los que las autoridades del Estado podrán intervenir dentro de los campus universitarios ante la presencia de situaciones que involucren violencia, actos de vandalismo o posibles actividades terroristas.
Durante su intervención, el mandatario fue enfático al señalar que su administración respetará y garantizará la protesta pacífica, siempre y cuando esta se desarrolle estrictamente dentro del marco establecido por la Constitución y la ley. No obstante, De la Espriella aclaró que existen límites claros en el ejercicio de este derecho, afirmando que las agresiones contra civiles, los ataques dirigidos a los integrantes de la Fuerza Pública y la destrucción de la infraestructura no pueden ser considerados como parte de una protesta legítima.
En este sentido, el jefe de Estado explicó que ha impartido instrucciones precisas para la creación de un protocolo que permita diferenciar con claridad el ejercicio del derecho a la protesta de aquellas situaciones críticas que demanden la intervención inmediata de las autoridades. Según el presidente, este mecanismo operativo deberá contemplar diversos escenarios, haciendo especial énfasis en aquellos casos donde se presenten hechos de violencia, situaciones de flagrancia, peligro inminente o alteraciones extraordinarias del orden público.
Uno de los puntos centrales de la alocución fue el debate sobre la autonomía universitaria. El presidente De la Espriella aseguró que la autonomía de las instituciones de educación superior no está en discusión; sin embargo, subrayó que dicha autonomía no debe interpretarse como una facultad para gestionar el orden público de manera independiente, ni debe convertir a los campus en territorios que estén sustraídos de la aplicación de la ley, de la Constitución o de la autoridad legítima del Estado. Para el mandatario, la autonomía institucional no modifica ni anula las competencias que poseen las autoridades en materia de seguridad y orden público.
En cuanto a la ejecución de estas medidas, el presidente indicó que la Policía Nacional será la primera autoridad operativa encargada de atender las situaciones que queden contempladas en el nuevo protocolo. De acuerdo con la explicación brindada por el mandatario, la institución policial tendrá la facultad de actuar específicamente cuando se detecte que dentro de las universidades se estén preparando actos vandálicos o terroristas.
El presidente reiteró que el objetivo de su Gobierno es garantizar que los estudiantes que deseen estudiar, debatir ideas o manifestarse de manera pacífica cuenten con las condiciones necesarias para hacerlo. En sus palabras, esta decisión busca brindar protección a tres pilares fundamentales: los estudiantes, la fuerza pública y el propio Estado.
Asimismo, De la Espriella profundizó en la definición de las conductas que, bajo ninguna circunstancia, serán toleradas ni catalogadas como protesta. El mandatario mencionó explícitamente el terrorismo urbano, el vandalismo, la destrucción de bienes e infraestructura y los ataques contra la población civil y la Fuerza Pública, calificándolos como conductas que el Estado tiene el deber ineludible de enfrentar de manera decidida. En relación con las universidades públicas, el mandatario sentenció que no permitirá que estas instituciones sigan siendo utilizadas como "santuarios de la violencia".
Hacia el final de su intervención, el presidente advirtió sobre la posibilidad de que las fuerzas del orden ingresen a los recintos educativos en circunstancias específicas. Señaló directamente a quienes pretendan utilizar las universidades para almacenar elementos destinados a generar violencia, preparar ataques terroristas o agredir a ciudadanos y miembros de la fuerza pública. Sobre este punto, De la Espriella fue tajante al afirmar que la autonomía universitaria no es una "patente de impunidad" y aseguró que actuará con determinación para retirar de los campus a quienes incurran en estas conductas y hacer que paguen por sus actos.
Finalmente, el mandatario concluyó este apartado de su discurso reafirmando que las universidades deben ser preservadas como espacios dedicados exclusivamente al conocimiento, el debate y la generación de ideas, reiterando que jamás podrán convertirse en refugios para la violencia o el terrorismo.
