En un movimiento logístico coordinado el pasado domingo, 864 migrantes han sido trasladados desde Loma Colmenar hasta el centro de acogida temporal de Los Rosales, donde han pasado su primera noche bajo techo. El traslado se llevó a cabo a primera hora de la mañana, recorriendo la distancia de un kilómetro y medio que separa ambos puntos. Esta acción marca el fin de un periodo crítico para este grupo de personas, quienes, tras haber llegado a la ciudad el pasado 30 de julio durante una entrada masiva, habían permanecido aproximadamente un mes y medio durmiendo al raso.
El ingreso al centro de Los Rosales estuvo marcado por estrictos protocolos de seguridad. A la entrada, los agentes de policía establecieron diversos controles donde se procedió a la revisión exhaustiva de la ropa, las bolsas y todas las pertenencias personales de los migrantes antes de permitirles el acceso a las instalaciones. El centro, que cuenta con una capacidad máxima de 864 personas, alcanzó su límite total de ocupación en un lapso inferior a las dos horas. Esta rápida saturación dejó a cientos de otros migrantes fuera de las instalaciones, quienes permanecen a la espera de una solución habitacional, sin disponer de un lugar donde pernoctar.
Para hacer frente a la urgencia de la acogida, en el recinto de Los Rosales se han instalado estructuras provisionales que incluyen carpas, literas y sanitarios portátiles. Desde el Gobierno se ha señalado que la prioridad inmediata en este momento es completar los trámites de registro necesarios para iniciar la evaluación de la situación de cada individuo. En los próximos días, comenzarán a tramitarse los expedientes individuales y se llevará a cabo un proceso de triaje, según ha confirmado el Ministerio. En cuanto a la capacidad general de acogida, el Gobierno tiene previsto habilitar hasta 6.000 plazas en las próximas semanas, sumando a las 4.500 plazas que se encuentran actualmente abiertas y en funcionamiento.
A pesar del desalojo de Loma Colmenar, donde ahora se observa la actividad de los servicios de limpieza y calles despejadas, la situación en otras zonas de la ciudad sigue siendo precaria. En lugares como la playa del Trampolín o la zona de Benítez, persiste la presencia de decenas de chabolas improvisadas que albergan a migrantes en condiciones precarias.
Paralelamente, el Ejecutivo ceutí ha manifestado su profunda preocupación por la situación en los asentamientos situados junto a la planta desaladora. Se ha exigido el desalojo urgente de esta zona debido al riesgo elevado de que el abastecimiento de agua potable de la Ciudad pueda verse afectado. La Dirección Técnica de Aguas de Ceuta Empresa Municipal ha emitido una alerta debido al incremento de personas, tiendas y refugios en un área vinculada directamente al sistema de captación de una infraestructura esencial para la ciudad.
La Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos ha subrayado que la situación es de especial relevancia ya que la explanada ocupada forma part del sistema de captación de la planta. Por este motivo, resulta imperativo preservar las condiciones de limpieza, seguridad, protección y accesibilidad de dicho espacio. Basándose en un informe técnico, la Consejería ha trasladado la urgencia del problema a la Delegación del Gobierno y al Ministerio de Transición Ecológica (MITECO).
La solicitud formal de desalojo incluye no solo la retirada de las personas, sino también la eliminación de tiendas, refugios y cualquier otro enseres apoyados sobre el cerramiento perimetral. Asimismo, se ha pedido la limpieza integral del espacio afectado, la comprobación del estado de los elementos de protección y acceso a la instalación, y la implementación de medidas de vigilancia estrictas para evitar que se produzcan nuevas ocupaciones en la zona.
La planta desalinizadora es descrita como un elemento con un "papel estratégico" en el sistema de abastecimiento de agua potable de Ceuta. Por ello, la Consejería considera prioritario garantizar la integridad de las instalaciones y asegurar que los equipos responsables de la explotación, mantenimiento y vigilancia tengan acceso permanente y sin obstáculos. En este sentido, el vicepresidente de Ceuta, Alejandro Ramírez, ha reiterado en declaraciones al Canal 24 Horas que la petición de desalojo se fundamenta en un "riesgo elevado de seguridad".
