La Policía Nacional Civil (PNC) ha intensificado sus operativos de retiro de sistemas de videovigilancia en diversas zonas de Guatemala, alcanzando un total de 427 cámaras desmontadas durante el año 2026. Esta medida, justificada por las autoridades como una estrategia para desmantelar redes de monitoreo utilizadas por estructuras criminales, ha generado controversia entre residentes de sectores como la zona 21, quienes aseguran que sus sistemas eran herramientas legítimas de seguridad comunitaria.
Uno de los casos más emblemáticos ocurre en la colonia Justo Rufino Barrios, zona 21. En la 33 avenida, entre la 13 y 14 calle, un grupo de vecinos había implementado hace siete años un sistema de 16 cámaras para vigilar sus alrededores. De estos dispositivos, doce fueron adquiridos mediante aportes voluntarios de los residentes y cuatro fueron donados por una empresa de telecomunicaciones, incluyendo el equipo de monitoreo y almacenamiento necesario. La instalación fue previamente acordada en asamblea y gestionada por la organización vecinal.
Sin embargo, el pasado 5 de septiembre, la PNC intervino el sistema. Alexander Morales, vecino del sector, informó que cuatro cámaras fueron retiradas y otras dos resultaron dañadas durante el operativo, dejando diez dispositivos en funcionamiento. La PNC argumenta que los equipos estaban instalados en espacios públicos sin la debida autorización. Por el contrario, Morales sostiene que las cámaras se ubicaban en áreas privadas de las residencias, aunque algunas estuvieran sujetas a postes instalados por la propia comunidad.
Los residentes recalcan que su Comité Único de Barrio (CUB) está registrado y validado por la Municipalidad de Guatemala, y que la instalación de las cámaras quedó consignada en actas de asamblea. No obstante, la Municipalidad ha aclarado que el reconocimiento de la organización a través de los CUB no implica que cada dispositivo de vigilancia cuente con una autorización individual.
El contexto de seguridad en la colonia es complejo. Apenas cuatro días antes del retiro de las cámaras, el 1 de septiembre, Reina Violeta Herrarte López fue asesinada a balazos en la 33 avenida. Aunque la PNC capturó al presunto responsable, Kener Josué López Ruano, las autoridades aclararon que este crimen no está relacionado con pandillas ni con los operativos de retiro de cámaras. Morales defiende el sistema vecinal describiéndolo como un mecanismo disuasivo que, en los últimos cinco años, permitió aportar pruebas fundamentales en las investigaciones de dos asesinatos ocurridos en el sector.
El operativo del 5 de septiembre fue parte de una acción más amplia. Ese mismo día se retiraron 32 cámaras en las colonias Justo Rufino Barrios, Vásquez y Loma Blanca. Al día siguiente, se desmontaron 21 más en las zonas 18 y 24. Según el Ministerio de Gobernación, de las 427 cámaras retiradas en el año, 162 fueron atribuidas al Barrio 18, 86 a la Mara Salvatrucha y 76 a grupos dedicados al narcomenudeo y robo de motocicletas. La PNC sostiene que estas estructuras usan la videovigilancia para monitorear patrullajes policiales y controlar territorios.
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, explicó que el criterio decisivo para retirar un dispositivo es la validación de la autoridad municipal basada en análisis de inteligencia policial. Si una cámara no cuenta con dicha validación, se determina que no es un sistema legítimo de prevención ciudadana.
Esta situación pone de relieve un vacío legal en Guatemala. No existe una ley integral que regule la videovigilancia privada y comunitaria. Iniciativas como la Ley Reguladora de Cámaras de Video Vigilancia de 2014 y la Ley de Seguridad Comunitaria de 2025, presentada por el diputado Juan Carlos Rivera, no han logrado convertirse en ley. Rivera ha sugerido que es necesario incorporar mecanismos de identificación individual de dispositivos, georreferenciación y reglas estrictas sobre el acceso a las imágenes para evitar abusos.
Mientras tanto, persiste la incertidumbre sobre el destino de los equipos. Mientras la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) afirma que las cámaras son destruidas, el ministro Villeda señaló que aquellas que constituyan evidencia quedan bajo secuestro judicial para peritajes informáticos. En la 33 avenida, los vecinos ahora reorganizan sus diez cámaras restantes y planean gestionar ante el Congreso de la República una explicación formal sobre los dispositivos intervenidos.
