¿Es legal reducir a la mitad la fuerza de respuesta ante desastres de una nación? Una jueza federal ha determinado que no.
La jueza Susan Illston, del norte de California, dictaminó que el Departamento de Seguridad Nacional actuó de forma “arbitraria y caprichosa” al intentar recortar casi el 50 % de la plantilla de FEMA.
El foco de la disputa son los equipos CORE, que representan el 40 % del personal de la agencia y son los primeros efectivos federales en llegar al terreno durante huracanes y catástrofes. Mientras que estos trabajadores solían tener contratos renovables de varios años, la administración Trump limitó las renovaciones a periodos de 180 días para forzar la salida de los empleados.
La jueza subrayó que, según una ley de 2006, el secretario de Seguridad Nacional no puede reducir de manera sustancial las facultades o funciones de FEMA. Además, señaló que no existen pruebas en el expediente que reflejen una decisión razonada para este cambio de postura.
Un punto crítico del fallo es el uso de la aplicación Signal. La jueza reprendió a la exdirectora interina de FEMA, Karen Evans, y al exvicesecretario general del DHS por eliminar mensajes que podrían haber servido como prueba. Dado que Evans conocía las políticas de conservación de registros, el tribunal determinó que la eliminación fue intencional y presumirá que dichos mensajes habrían sido desfavorables para el gobierno.
Aunque el fallo es una victoria para los sindicatos de trabajadores, la jueza no ha definido aún las medidas correctivas, ordenando que las partes lleguen a un acuerdo. No obstante, reiteró que el Departamento de Seguridad Nacional sigue usurpando la autoridad de FEMA al imponer contratos cortos.
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