La implementación del nuevo régimen penal juvenil en la provincia de Buenos Aires ha encendido las alarmas en el ámbito judicial. Natalia Giombi, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 2, advirtió que la provincia no cuenta con la infraestructura ni los recursos materiales necesarios para dar respuesta a los cambios establecidos por la normativa vigente.
En una entrevista concedida a Gente de Palabra, por La Brújula 24, la magistrada fue enfática al señalar que el núcleo del problema no reside en la decisión política de reducir la edad a partir de la cual un adolescente puede ingresar al sistema penal. Según explicó Giombi, la discusión actual no se centra en cuestionar dicha medida, sino en las dificultades concretas y materiales para llevar a cabo la implementación de la ley en el territorio bonaerense.
La jueza subrayó que la carencia de recursos es el punto crítico de la situación. En este sentido, alertó que la provincia de Buenos Aires ya había agotado sus cupos de alojamiento para adolescentes incluso antes de que el nuevo esquema entrara en vigor, lo que deja al sistema en una posición de vulnerabilidad frente a la nueva demanda.
Uno de los puntos más complejos del nuevo marco legal es que no solo incorpora al proceso penal a adolescentes a partir de los 14 años, sino que también amplía significativamente el universo de las conductas que son alcanzadas por la ley. Esto implica que ahora se incluyen hechos de menor gravedad, tales como amenazas, hurtos, lesiones leves y daños, que anteriormente podrían haber tenido un abordaje distinto.
Ante este escenario, la doctora Giombi planteó la urgencia de establecer una diferenciación clara entre los delitos graves y estas situaciones de menor impacto. La magistrada sostuvo que, cuando corresponda, se deben priorizar mecanismos alternativos y abordajes sociales o comunitarios, evitando que se recurra de manera automática a las medidas de encierro, las cuales deberían reservarse para los casos más severos.
Otro aspecto fundamental mencionado por la jueza es la obligatoriedad de que los adolescentes privados de su libertad permanezcan en centros especializados y estrictamente separados de los adultos. Sin embargo, volvió a advertir que la capacidad actual de estas instituciones presenta problemas serios, lo que dificulta el cumplimiento de los estándares legales y de derechos humanos.
Para ilustrar las fallas en la implementación, Giombi mencionó el caso de la figura del “supervisor”, una herramienta incorporada por el nuevo régimen. Según detalló la jueza, la aplicación de esta figura fue suspendida inicialmente por el propio decreto reglamentario, debido a que el registro necesario para ponerla en funcionamiento aún no ha sido creado por el Estado.
Durante la entrevista, la magistrada también hizo un llamado a evitar generalizaciones sobre la criminalidad juvenil. Basándose en datos analizados en jornadas de capacitación del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, señaló que existen aproximadamente 670 adolescentes privados de su libertad en la provincia de Buenos Aires, una cifra que resulta significativamente superior a la de otras jurisdicciones como Neuquén, Santa Cruz o La Rioja.
Asimismo, Giombi aportó una estadística clave para contextualizar la magnitud real de los delitos graves cometidos por menores, indicando que estos representan aproximadamente el 0,06% de los delitos penales registrados en todo el país. Con este dato, la jueza buscó evidenciar que la incidencia de delitos graves protagonizados por adolescentes es reducida dentro de las estadísticas generales.
Finalmente, la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 2 insistió en que el sistema penal no puede ser la única respuesta del Estado. Reclamó la implementación de políticas públicas integrales que ofrezcan contención y oportunidades reales a los jóvenes antes de que lleguen a incurrir en situaciones delictivas. Al reflexionar sobre el origen del problema, Giombi cuestionó si el delito comienza en el hecho mismo o mucho antes, concluyendo que la problemática se gesta tiempo atrás del acto criminal. En consecuencia, llamó a reforzar el trabajo comunitario y la corresponsabilidad entre los organismos públicos, las organizaciones civiles y la sociedad en general para enfrentar las problemáticas que atraviesan los niños y adolescentes.
