¿Se están vulnerando los derechos fundamentales en la isla penal de Coiba? Una grave denuncia pone el foco sobre la gestión del sistema penitenciario.
La abogada Jessica Canto ha señalado directamente al director del Sistema Penitenciario, Chanan Singh, como el responsable de lo que pueda suceder con los privados de libertad trasladados a Coiba. Canto denuncia que los reclusos no están teniendo comunicación con sus familiares ni con sus defensores, una situación que, según sostiene, podría constituir una violación a los derechos humanos.
Más alarmante aún es la información recibida por la defensora sobre presuntos intentos de suicidio entre los detenidos, señalamientos que aún deben ser corroborados por las autoridades correspondientes. Ante este escenario, Canto advirtió que podrían presentarse responsabilidades penales contra quienes estén a cargo de la custodia de los detenidos por cualquier situación ocurrida en la isla.
Para entender el contexto, desde hace aproximadamente tres meses permanecen en Coiba 29 privados de libertad clasificados como de alta peligrosidad. A ellos se sumaron, el pasado 24 de agosto, el exalcalde de Colón, Alex Lee; el representante de Barrio Norte, Javier Lynch Hurtado; y su tesorero, Orlando Moisés, todos investigados por un caso relacionado con presunto peculado.
La llegada de estos funcionarios ha intensificado los cuestionamientos sobre las condiciones de reclusión. La abogada Canto enfatiza que, independientemente de la gravedad de los delitos cometidos o la peligrosidad del detenido, el Estado debe garantizar sus derechos fundamentales mientras permanezcan bajo su custodia. Mientras las autoridades buscan ordenar el ingreso de productos y las visitas, la demanda es clara: garantizar el contacto con defensores y familiares.
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