El Pleno de la Corte Suprema de Chile ha iniciado el proceso de resolución para determinar el destino laboral de diversos magistrados que se encuentran bajo cuadernos de remoción. El motivo central de estas investigaciones es el hecho de que los jueces habrían realizado viajes al extranjero mientras se encontraban haciendo uso de licencias médicas, una situación que ha puesto en entredicho su comportamiento profesional y ético.
Tras una intensa semana de alegatos y deliberaciones, el máximo tribunal comenzó la revisión sucesiva de los expedientes. Originalmente, el proceso contemplaba la revisión de 58 casos; sin embargo, esta cifra se redujo a 48 expedientes activos, debido a que el Tribunal Constitucional (TC) ordenó la suspensión de diez de estos procesos.
El objetivo fundamental de esta revisión es analizar, de manera individual y detallada, si existen antecedentes suficientes para aplicar la facultad de remoción establecida en el artículo 80 de la Constitución Política. Dicha norma faculta a la Corte Suprema para poner término al cargo de un juez cuando se determine que ha existido un mal comportamiento en el ejercicio de sus funciones.
De acuerdo con información obtenida por La Radio, el proceso de remoción no es sencillo, ya que requiere de un quórum estricto. Para que un juez sea efectivamente removido de su cargo, es necesaria la obtención de al menos 11 votos a favor dentro del máximo tribunal. Hasta el momento, se ha reportado que en cerca de 25 casos no se habría alcanzado dicho quórum, lo que implicaría que los magistrados involucrados podrían mantener sus cargos. Por el contrario, solo tres salidas ya estarían confirmadas.
Dentro de los casos analizados, el del juez Daniel Urrutia, titular del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, ha captado la mayor atención pública y jurídica. El magistrado Urrutia ha sido cuestionado específicamente por realizar dos viajes al extranjero durante el periodo en que se encontraba con licencia médica. Estos antecedentes fueron el núcleo del análisis durante el procedimiento de remoción llevado a cabo por la Suprema.
No obstante, la defensa del juez Urrutia implementó una estrategia legal dual. Además de enfrentar el proceso en la Corte Suprema, recurrieron al Tribunal Constitucional. Tras un segundo intento, el TC admitió el requerimiento de la defensa y procedió a suspender el proceso de remoción. Este movimiento ha generado un conflicto jurídico relevante, abriendo un segundo frente sobre las normas que sustentan los procedimientos de remoción de jueces.
Sobre este punto, Marcelo Acevedo, presidente de la Organización de Trabajadores Judiciales, ha manifestado que en el caso particular de Daniel Urrutia no existiría mérito suficiente para aplicar la remoción. Según Acevedo, las salidas del país que fueron cuestionadas cuentan con una justificación válida, señalando que, si bien hay casos que ameritan el cese de funciones, el del juez Urrutia es un ejemplo donde no habría mérito para tal decisión.
Desde una perspectiva académica, Felipe Lizama, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago, ha analizado la validez de recurrir al Tribunal Constitucional. Lizama sostiene que esta acción constituye una herramienta de defensa legítima y no debe ser vista necesariamente como una estrategia dilatoria, sino como un mecanismo para cautelar las garantías mínimas que la Constitución establece sobre la materia.
El experto explica que existe una distinción clara de atribuciones: mientras el Tribunal Constitucional tiene la potestad de pronunciarse sobre la constitucionalidad de las normas impugnadas, la decisión final sobre la remoción efectiva de un juez es competencia exclusiva de la Corte Suprema. Esta distinción es crucial para los casos que actualmente se encuentran suspendidos.
Las estrategias de defensa han variado entre los magistrados. Por ejemplo, el abogado Tomás Jordan, representante de una magistrada involucrada, optó por mantener la vía procesal ante la Corte Suprema, decidiendo no continuar, por ahora, la tramitación de su requerimiento ante el TC. Jordan advirtió que, para aquellos casos donde ya se produjeron alegatos antes de la suspensión, lo resuelto por el Tribunal Constitucional podría impactar la sentencia final de la Suprema.
Por otro lado, la abogada María Soledad Molina, quien representa al juez Óscar Pacheco, sugirió que, una vez agotadas todas las instancias jurisdiccionales internas, se podría evaluar recurrir a organismos internacionales. El objetivo sería revisar las garantías del debido proceso y la pertinencia de la norma constitucional contenida en el artículo 80.
Actualmente, el Pleno de la Corte Suprema se encuentra en la etapa final de deliberación y votación de los expedientes que permanecen vigentes. Se espera que las primeras decisiones sean comunicadas este viernes. Mientras tanto, los magistrados cuyos casos fueron suspendidos deberán aguardar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional para saber si sus procesos se reanudarán o si se definirá un nuevo camino jurídico.
