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Gobierno centraliza la coordinación de la política exterior y el reclamo por Malvinas

El Gobierno dispuso un sistema para coordinar las acciones internacionales del Estado y reforzar la política argentina sobre las Islas Malvinas.

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Gobierno centraliza la coordinación de la política exterior y el reclamo por Malvinas

El Gobierno nacional ha implementado un nuevo sistema de coordinación para la política exterior con el fin de centralizar la información diplomática del país. A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, se establece que todos los organismos de la Administración Pública Nacional deberán informar a la Cancillería sobre actividades internacionales que puedan afectar los intereses argentinos.

El objetivo principal es evitar que diversas dependencias estatales lleven adelante iniciativas, reuniones o negociaciones internacionales sin el conocimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores, previniendo así posibles contradicciones con las posiciones diplomáticas sostenidas por el Estado. Para instrumentar este esquema, cada organismo deberá designar un responsable que actúe como enlace directo con la cartera diplomática, la cual podrá formular observaciones y recomendaciones sobre las actividades reportadas.

Un eje fundamental de esta medida es la cuestión de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. El decreto otorga una importancia prioritaria a cualquier actuación que tenga consecuencias, directas o indirectas, sobre la disputa de soberanía con el Reino Unido y las actividades en los espacios marítimos correspondientes.

Esta decisión se produce poco después de que el Ejecutivo reforzara los procedimientos sancionatorios, basados en la Ley 26.659, contra personas y empresas que realicen actividades hidrocarburíferas sin autorización en el Atlántico Sur. El Gobierno sostiene que dichas actividades comprometen recursos naturales en una zona cuya soberanía permanece en disputa.

Cabe destacar que este nuevo esquema de coordinación alcanza únicamente a los organismos nacionales; no impone nuevas obligaciones a provincias, municipios ni a particulares. Con esta estructura, el Ejecutivo busca una actuación coordinada frente a otros países y organismos multilaterales, reafirmando que el Atlántico Sur y la proyección antártica son prioridades de la política exterior y de defensa nacional.

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