Un juzgado de Bogotá ha emitido una orden judicial que obliga al presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, y al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) a retirar temporalmente de las redes sociales oficiales diversas publicaciones en las que el mandatario aparece junto a los cuerpos de presuntos integrantes de grupos armados. Las imágenes, que muestran los cadáveres cubiertos con bolsas blancas tras operaciones militares, deben ser ocultadas mientras se resuelve un proceso legal sobre la vulneración de derechos fundamentales.
La medida fue impuesta por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá como una medida cautelar. Esta decisión surge a raíz de una acción de tutela interpuesta por Santiago Osorio, representante del Partido Verde, quien cuestionó la difusión de este material visual. Según el argumento de Osorio, la publicación de dichas imágenes podría representar una violación a los derechos fundamentales, haciendo un énfasis particular en la posible afectación de menores de edad.
La orden judicial se centra específicamente en el contenido publicado los días 2 y 4 de septiembre a través de la cuenta oficial de Instagram @infopresidencia. El juez ha dispuesto que se proceda al "ocultamiento de las publicaciones efectuadas" mientras no exista un fallo en firme sobre el caso. Es importante destacar que la decisión judicial especifica que esta medida no implica la eliminación definitiva de los archivos, sino su retiro temporal de la vista pública.
Actualmente, el juzgado se encuentra estudiando si el contenido de las publicaciones puede ser calificado como violento o explícito, y si su difusión masiva vulneró derechos fundamentales. Ante esta situación, el presidente De la Espriella y la Presidencia de la República cuentan con un plazo de dos días para presentar sus argumentos y ejercer su derecho de defensa.
Las imágenes en cuestión reflejan la estrategia de seguridad del mandatario, quien asumió el cargo hace un mes con la promesa central de combatir con "mano dura" a las guerrillas y a las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico. En una de las publicaciones, correspondiente a la denominada Operación Azarías en Miraflores, departamento de Guaviare, se observa al presidente caminando entre al menos 23 cuerpos de presuntos integrantes de las disidencias de las FARC que fueron abatidos por las Fuerzas Militares.
En otro material difundido el 4 de septiembre, tras la Operación Centinela de la Patria en Riohacha, el presidente De la Espriella ofreció una rueda de prensa. En dicha grabación, el mandatario aparece junto a cuatro cadáveres cubiertos con lonas blancas. Entre los fallecidos se encontraba Naín Andrés Pérez Toncel, conocido bajo el alias de "Bendito Menor", quien era señalado como integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACS).
La exhibición de estas imágenes ha provocado fuertes críticas en diversos sectores políticos y organizaciones civiles. Previo a la orden judicial, la defensora del Pueblo, Iris Marín, manifestó su preocupación por la exhibición pública de los cuerpos. Marín advirtió que el Estado y el Gobierno no deben entrar en una competencia de crueldad con los grupos armados, señalando que no es adecuado disputar quién produce más miedo, quién humilla más al adversario o convertir la muerte en una demostración de poder.
Desde el inicio de su mandato, el Gobierno ha intensificado las acciones militares contra los grupos armados en el territorio nacional. De acuerdo con datos oficiales, las Fuerzas Armadas han llevado a cabo tres bombardeos en la zona de la Amazonía y en sectores fronterizos con Venezuela. Estas operaciones han resultado en al menos 42 personas muertas, cifra que incluye a seis menores de edad. Esta estrategia de lucha contra las organizaciones criminales en Colombia, el principal productor de cocaína del mundo, cuenta además con el respaldo de Estados Unidos.
Para resolver el fondo de la tutela, el juzgado ha decidido vincular al proceso a varias entidades y organizaciones, entre ellas la empresa Meta, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
