A un mes de que un terremoto de 7,4 de magnitud sacudiera el occidente de Colombia, el país se encuentra en una encrucijada donde la solidaridad inicial comienza a dar paso a la cruda realidad de una reconstrucción costosa y compleja. El desastre, que dejó un saldo de más de 300 muertos y 4.500 heridos, ha marcado un antes y un después en la historia reciente de la nación sudamericana, poniendo a prueba la capacidad de respuesta de un Gobierno que inició su gestión bajo la presión de una catástrofe.
El presidente Abelardo de la Espriella, quien llevaba apenas tres días en funciones al momento del sismo, centró su agenda durante las primeras dos semanas en las labores de rescate y la entrega de ayudas inmediatas. Sin embargo, transcurrido el primer mes, el desafío se ha trasladado al ámbito financiero y estructural. La reconstrucción de cuatro regiones afectadas tiene un costo tasado en más de 30 billones de pesos, cifra que representa el 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) y cuya ejecución, según las proyecciones oficiales, podría extenderse hasta por cinco años.
Ante una de las crisis fiscales más severas de los últimos tiempos, el Ejecutivo ha apostado por la colaboración del sector privado. De la Espriella ha buscado el respaldo de los hombres más acaudalados de Colombia y de los líderes de las principales compañías del país. Esta estrategia se materializó en un reciente viaje al departamento del Chocó, epicentro del sismo y una de las zonas más golpeadas, donde el mandatario prometió un “plan Marshall” destinado a atraer inversiones a una región históricamente olvidada por la política y el empresariado.
Para gestionar estos recursos, el Gobierno decretó una emergencia económica y creó el "Fondo Milagro", un mecanismo inspirado en el Fondo de Reconstrucción del Eje Cafetero (Forec) de 1999. Este fondo, establecido la noche del miércoles al cumplirse los 30 días de la tragedia, servirá para canalizar tanto los fondos públicos como las millonarias donaciones privadas, convirtiendo al sector empresarial en el eje central de la reconstrucción ante la insuficiencia de los recursos estatales.
A pesar de los esfuerzos económicos, el impacto humano sigue siendo la herida más abierta de la sociedad. Casos como el de Ana María Saavedra, la joven trilliza de 23 años que sobrevivió en Cali mientras perdía a sus padres y hermanas, o el de Violeta, la niña de siete años fallecida abrazada a su abuela, han quedado grabados en la memoria colectiva. Asimismo, la historia de Daniela Largo, rescatada en Pereira tras 36 horas pero fallecida días después debido a sus heridas, ejemplifica la fragilidad de la esperanza en medio del desastre.
En el balance de las primeras operaciones, se reporta el rescate de más de 300 personas, aunque persiste la angustia por un centenar de desaparecidos que ya se consideran fallecidos. Si bien la solidaridad ciudadana fue masiva, con campañas globales para asistir a los más de 400.000 damnificados, la distribución de las ayudas ha sido objeto de fuertes críticas. Autoridades locales, como el alcalde del Alto Baudó en el Chocó, han denunciado que la asistencia llega "a cuentagotas" a las zonas rurales, concentrándose principalmente en las grandes urbes.
Esta desigualdad en la atención ha afectado especialmente a comunidades indígenas y personas desplazadas, quienes aún permanecen en albergues o viviendas improvisadas. El sector educativo también presenta cifras alarmantes: el Ministerio de Educación reporta medio millón de niños y adolescentes con acceso limitado a sus estudios, mientras que Save The Children advierte que más de 300.000 menores han quedado desprotegidos.
La gestión de De la Espriella no ha estado exenta de polémicas. Su decisión de limitar la ayuda internacional a rescatistas de Estados Unidos, Israel y Ecuador —países con afinidades ideológicas con su gobierno— generó rechazo, especialmente por la presencia de reservistas del ejército israelí. A esto se suma la controversia causada por el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, quien se tomó un viaje de descanso una semana después de asumir su cargo, mientras el país contabilizaba 200.000 viviendas averiadas y 36.000 destruidas. Incluso el propio presidente fue criticado por repartir balones de fútbol con propaganda política en Buenaventura.
No obstante, el Ejecutivo ha intentado imprimir un sello de presencia territorial constante. En el Chocó, el presidente anunció un paquete de infraestructura vial y aeroportuaria valorado en 1 billón de pesos, equivalente al presupuesto total del departamento para 2026. De la Espriella ha insistido en que la reconstrucción no debe ser asistencialista, afirmando que la verdadera solidaridad es aquella que "emancipa, transforma y crea las condiciones para que una región produzca, crezca y prospere".
Actualmente, la fase de reconstrucción ha comenzado paradójicamente con la demolición. En Cali y Pereira se están derribando edificios con riesgo de colapso, tarea que en Risaralda contará con 2 billones de pesos del Fondo Milagro, bajo la gerencia de Jaime Uribe. Esta labor es lenta y delicada, ya que requiere maquinaria pesada y prohíbe el uso de explosivos por la proximidad de otras estructuras.
El antropólogo Juan Carlos Orrego ha advertido que este proceso no es solo económico, sino que redefine las agendas gubernamentales y expone a los mandatarios a un examen permanente. Según Orrego, la presión política y la urgencia social pueden derivar en decisiones improvisadas que comprometan la calidad de las obras. Mientras tanto, el país permanece polarizado: mientras sectores afines al presidente celebran su gestión frente a la emergencia, la oposición, liderada por Gustavo Petro, y los simpatizantes de izquierda critican duramente la respuesta gubernamental ante el mayor desastre natural de la década.
