El Concejo de Bogotá votó este miércoles a favor del incremento del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) en la ciudad, centrándose específicamente en los sectores financiero y automotor dentro de la nueva reforma tributaria planteada para la capital. La decisión ha generado un marcado choque de opiniones entre diferentes cabildantes, gremios y la administración distrital sobre quién terminará asumiendo el costo real de esta alza en las obligaciones tributarias.
La nueva reforma tributaria de Bogotá plantea un incremento del ICA del 50 % en la tarifa para bancos, entidades crediticias y servicios financieros. Por su parte, para los concesionarios de vehículos, este impuesto pasará del 6,9 al 11 por mil, lo que representa un aumento directo en las obligaciones fiscales del sector automotor. Es precisamente en este punto donde se centra la discusión principal sobre el impacto económico que tendrá la medida para los ciudadanos.
Durante las consultas realizadas por SEMANA, concejales y representantes del sector expresaron su preocupación de que este incremento termine siendo pagado por los bogotanos de a pie. En contraste, las versiones a favor de la iniciativa defienden la medida como un golpe dirigido a quienes más recursos poseen dentro de la economía local.
El concejal Angelo Schiavenato, uno de los cabildantes que votó en contra de esta nueva imposición, señaló que el aumento del ICA no representa un ajuste a los grandes capitales, sino que funcionaría como un peaje disfrazado que afectaría el progreso de la clase trabajadora. Según explicó, el incremento fiscal a los concesionarios encarecerá de entrada el precio de los vehículos, así como los trámites necesarios y el financiamiento. De este modo, advirtió que trabajar para comprar un medio de transporte propio o pagar un crédito hipotecario pasará de ser una meta de progreso a un lujo inalcanzable.
Schiavenato detalló que este incremento aplicado al comercio será asumido en última instancia por el comprador final del producto. El concejal aseguró que los compradores de vehículos en Bogotá se verán afectados por partida doble, ya que no solamente se incrementa el impuesto del producto en sí, sino también el gravamen aplicado a su respectivo crédito. Cabe destacar que, previamente, comerciantes del sector confirmaron a SEMANA que la mayoría de los compradores de vehículos en Bogotá recurren a estas alternativas bancarias.
En la misma línea de oposición, Fenalco expuso argumentos similares y rechazó de manera contundente la nueva imposición en los tributos capitalinos. Juan Esteban Orrego, director ejecutivo de Fenalco Bogotá, cuestionó la coherencia de las políticas distritales al señalar que no tiene sentido incentivar el vehículo limpio por un lado y, al mismo tiempo, encarecer por el otro la actividad que permite que ese mismo vehículo llegue a la ciudad.
Orrego también alertó sobre las posibles consecuencias comerciales que podría traer esta aprobación, advirtiendo que las empresas podrían tomar decisiones desfavorables para la capital. Según el director ejecutivo, las vitrinas comerciales podrían mantenerse en Bogotá, pero nuevas inversiones, expansiones y operaciones terminarían desarrollándose tributariamente en otras jurisdicciones. El representante de los comerciantes concluyó recordando que un mayor impuesto no siempre se traduce en un mayor recaudo, sino que en ocasiones puede significar menor inversión, menos empleo, un incremento de la informalidad y, finalmente, una base tributaria más pequeña.
En la orilla opuesta, defensores de la medida como el concejal del Partido Verde, Julián Triana, argumentaron a favor del aumento del impuesto al sector financiero bajo el principio de progresividad tributaria. Triana afirmó que apoya el incremento del ICA a los bancos porque quien más gana debe aportar más a la ciudad, aclarando que no se trata de castigar al sector financiero, sino de aplicar un criterio básico donde quienes tienen mayor capacidad económica pueden y deben contribuir en mayor medida.
El cabildante reveló que su propuesta inicial contemplaba llevar la tarifa del sector financiero al 21 por mil, aunque finalmente se aprobó una tarifa decreciente situada entre el 20 y el 18 por mil. Respecto al temor de que esta alza impacte el bolsillo del ciudadano común a través de los créditos, Triana aseguró que no existe una relación automática entre el ICA cobrado por una ciudad y las tasas que los ciudadanos terminan pagando por sus financiaciones.
Por su parte, la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, respaldó la propuesta del Distrito señalando que las iniciativas presentadas cuentan con un sólido sustento técnico. La funcionaria indicó que las propuestas han sido debidamente revisadas, analizadas, calculadas y cuantificadas a través de un ejercicio de revisión y diálogo que busca dejarle a la ciudad la mejor versión posible de este acuerdo fiscal.
