Bogotá. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha concedido un total de 1.030 exoneraciones de persecución penal, resolviendo de esta manera la situación jurídica de esa cantidad de comparecientes que estuvieron involucrados en graves crímenes durante el conflicto armado, pero que no son considerados los máximos responsables de los mismos. La información fue dada a conocer por el presidente de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, el magistrado Mauricio García, durante una rueda de prensa en la que detalló los alcances y las cifras de esta decisión judicial adoptada por el tribunal de justicia transicional.
De acuerdo con los datos entregados por el magistrado García, la gran mayoría de los beneficiados por esta medida corresponde a integrantes de la fuerza pública. En total, 979 de los exonerados son miembros del Ejército y de la Policía Nacional, lo que representa el 95 % del total de las personas que obtuvieron la resolución definitiva de su situación jurídica en este proceso.
El presidente de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas enfatizó que este proceso de carácter no sancionatorio permite resolver de forma definitiva la situación jurídica de los comparecientes, aclarando enfáticamente que no se trata de un beneficio gratuito. La medida exige de manera estricta el cumplimiento de las obligaciones derivadas del régimen de condicionalidad, así como la realización de aportes concretos orientados a satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad, a la reparación y a la no repetición de los hechos victimizantes.
Junto a los integrantes de la fuerza pública, la medida también ha beneficiado a 46 excombatientes de las FARC, dos agentes estatales que no formaban parte de la fuerza pública, dos colaboradores de la extinta guerrilla y un civil. Según explicó el magistrado durante su comparecencia ante los medios de comunicación, estas personas estuvieron involucradas en 377 hechos que dejaron un total de 643 víctimas directas en el marco de la confrontación armada que sufrió el país.
El magistrado García destacó que la renuncia a la persecución penal tiene un impacto directo y significativo en las vidas de los comparecientes, debido a que les brinda la posibilidad de rehacer sus proyectos personales, familiares y laborales tras su paso por el proceso judicial transicional. No obstante, el funcionario fue enfático en señalar que el acceso a estos beneficios definitivos no culmina con la simple imposición de la medida. Por el contrario, el beneficio está condicionado a continuar con el estricto cumplimiento de las obligaciones adquiridas ante la JEP y ante las propias víctimas del conflicto.
Lo anterior significa que los comparecientes beneficiados tienen la obligación de seguir atendiendo los llamados que realice la Jurisdicción en caso de que sea requerido. Asimismo, las normas estipulan que estas personas deben solicitar el respectivo permiso cada vez que necesiten salir del país, manteniendo así un vínculo de vigilancia y rendición de cuentas con el tribunal.
Durante el desarrollo del proceso judicial que involucró a estas más de mil personas, se destacó la participación activa de más de 950 víctimas. Ante ellas, los comparecientes llevaron a cabo manifestaciones explícitas de perdón y de reconocimiento de responsabilidad por los graves crímenes cometidos. Adicionalmente, intervinieron en diversos actos simbólicos que se orientaron a contribuir de manera efectiva con la reparación del daño causado a las víctimas, a sus respectivas comunidades y a los territorios afectados, buscando dignificar la memoria y restaurar el buen nombre de las personas que padecieron los efectos de la violencia.
Para el magistrado García, resolver la situación jurídica de quienes cometieron crímenes graves constituye un paso clave para lograr el cierre jurídico del conflicto armado y para consolidar de forma efectiva la reintegración social en Colombia. Señaló además que aquellas personas que en el pasado fueron figuras negativas en medio de la confrontación armada, se convierten hoy en actores sociales que contribuyen activamente a la reconciliación y a la reparación del tejido social en el país.
Cabe recordar que el Gobierno colombiano creó la JEP como un tribunal de justicia transicional que quedó establecido mediante el acuerdo de paz que se firmó en noviembre del año 2016 con la antigua guerrilla de las FARC, marcando un nuevo rumbo en el tratamiento judicial de los actores involucrados en el conflicto armado interno.
