Bogotá. El Consejo Nacional de Estupefacientes de Colombia ha autorizado un controvertido plan piloto del Gobierno para erradicar los cultivos ilícitos mediante aspersión aérea con glufosinato de amonio. Este compuesto químico es un herbicida considerado como "moderadamente peligroso" por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La decisión se conoce tras una resolución publicada en el Diario Oficial, la cual fue firmada el pasado 18 de agosto. La medida se da a conocer además un día después de la visita a Colombia del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. El objetivo principal de esta nueva directriz es generar evidencia sobre una sustancia diferente al glifosato antes de considerar cualquier eventual programa de mayor alcance.
El compuesto químico utilizado en esta fase experimental no está permitido en la Unión Europea (UE). Este producto es distinto al glifosato, cuyo empleo para combatir los cultivos ilícitos, principalmente el de la coca, se suspendió en Colombia en el año 2017 por motivos sanitarios.
La resolución ordena específicamente la ejecución de una fase experimental que se define como controlada, limitada, temporal y ejecutable. Dicha fase se llevará a cabo mediante aeronaves tripuladas que utilizarán el compuesto químico glufosinato de Amonio 200 SL, de manera exclusiva en los polígonos que se habiliten debidamente para la operación.
En cuanto a los parámetros operativos, el piloto tendrá un cupo máximo de 1.000 hectáreas efectivamente tratadas. Asimismo, contará con una duración operacional de hasta siete días calendario, los cuales se contarán a partir de la fecha del acta de inicio, un documento cuya fecha todavía no se conoce.
La ejecución de este plan piloto estará a cargo de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional (Diran). Esta institución deberá cumplir rigurosamente con los instrumentos ambientales, las autorizaciones aeronáuticas y los protocolos sanitarios, ambientales, sociales y de seguridad establecidos.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Estupefacientes, el objetivo de la prueba no es reactivar de manera generalizada las fumigaciones aéreas. La meta es obtener evidencia científica sobre la eficacia del herbicida, la precisión de las aplicaciones, la posible deriva del producto y sus riesgos e impactos sobre la salud y el medioambiente.
La propia resolución establece de manera clara que este plan piloto no equivale a la reanudación, adopción o autorización definitiva de un programa de alcance general o nacional.
Respecto al nivel de toxicidad, el glufosinato de amonio está incluido en la Clase II, correspondiente a los productos moderadamente peligrosos, dentro de la escala de toxicidad de la OMS. Cabe destacar que este nivel se encuentra por encima del glifosato, el cual está catalogado en la Clase III como ligeramente peligroso.
El área donde se realizarán las pruebas estará ubicada en un único departamento del país, específicamente en una zona próxima a una instalación de la fuerza pública. No obstante, la resolución mantiene bajo reserva las coordenadas exactas, la extensión del área, las rutas de vuelo y el cronograma detallado. Las autoridades justifican esta reserva al considerar que su divulgación podría comprometer la seguridad de la operación y del personal participante.
El documento normativo establece también que las zonas seleccionadas deberán excluir obligatoriamente áreas protegidas, determinados ecosistemas y espacios donde pueda existir una afectación directa a comunidades étnicas sin que medie una consulta previa.
La resolución añade que si durante la preparación de una operación se llega a detectar una posible afectación de este tipo, el polígono correspondiente se deberá suspender de inmediato.
Durante años, la aspersión aérea de herbicidas fue una de las principales herramientas utilizadas por Colombia para combatir los cultivos ilícitos, en especial el de la coca. Sin embargo, el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos suspendió en 2015 las fumigaciones con glifosato por motivos sanitarios.
Posteriormente, en el año 2017, se produjo la suspensión definitiva de esta práctica por orden de la Corte Constitucional. Dicha decisión se tomó en medio de numerosos cuestionamientos por los posibles efectos nocivos del producto en la salud de las poblaciones campesinas y en el medioambiente.
Desde entonces, las autoridades colombianas han recurrido principalmente a la erradicación manual y a estrategias de implementación de sustitución voluntaria de cultivos. A pesar de esto, la aspersión aérea ha permanecido de forma constante en el debate nacional como una alternativa para enfrentar el crecimiento persistente de los cultivos de uso ilícito en el territorio.
