El ex fiscal de Delitos Económicos de Rosario Mariano Ríos Artacho quedó detenido con prisión preventiva, luego de tres jornadas en las que fue imputado formalmente por haber desviado 425 millones de pesos de cuentas bancarias judiciales entre los años 2017 y 2024. Según confesó el propio acusado durante el desarrollo de una de las audiencias judiciales, ideó las maniobras delictivas con el objetivo principal de cubrir deudas generadas por el juego.
La medida fue ordenada por la jueza María Trinidad Chiabrera, quien dispuso la prisión preventiva efectiva por un plazo de 90 días tanto para Ríos Artacho como para otros cuatro imputados que fueron señalados por la acusación como presuntos organizadores de la asociación ilícita que, de acuerdo con la teoría del caso, era liderada por el ex funcionario judicial. Los coimputados bajo esta misma medida cautelar son Julio Héctor Mercado, Fabricio Emanuel Romero, Gustavo Cesaretti y el abogado penalista Emilio Barcacia.
Tras la decisión judicial, el ex funcionario del Ministerio Público de la Acusación quedó alojado en la sede de la Prefectura Naval Argentina en la ciudad de Santa Fe. Por su parte, el resto de los coimputados que recibieron prisión preventiva fue trasladado a la unidad penitenciaria ubicada en la zona oeste de Rosario, conocida como Order.
Previamente, en la jornada de este martes y antes de dar a conocer la resolución definitiva sobre las cautelares, la jueza Chiabrera dispuso la libertad de otros seis presuntos miembros de la organización investigada: Nahuel Riquelme, Agostina Riquelme, Bruno Bergero, Paola Batistic, Daniel Cesaretti y Daniel Ballistreri. De acuerdo con la teoría del caso expuesta por los fiscales Adrián Spelta y Carla Cerliani, estas personas habrían actuado como prestanombres para poder concretar las maniobras financieras ilícitas.
El fiscal Adrián Spelta brindó una conferencia de prensa al término de la audiencia y detalló cómo operaba la red. “En estos siete años se transferían los fondos depositados a personas que no tenían ninguna vinculación con el hecho investigado”, explicó ante los medios de comunicación.
De acuerdo con la investigación, el dinero sustraído era retirado mediante oficios que libraba el propio Ríos Artacho. Esos fondos provenían originalmente de fianzas, reparaciones económicas o de dinero que había sido incautado en distintos allanamientos realizados en el marco de las investigaciones que su fiscalía llevaba adelante.
Durante la conferencia, Spelta indicó que de un total de 148 cuentas relevadas hasta el momento, ya se pudieron analizar 48, en las cuales se detectaron al menos doce hechos delictivos concretos. En este contexto, los investigadores estiman de manera preliminar que el perjuicio económico total asciende a 292.000 dólares, lo que equivale a unos 425 millones de pesos.
Por su parte, la fiscal general de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, también participó de la conferencia de prensa y lanzó una advertencia categórica sobre la postura del organismo judicial. “El Ministerio Público de la Acusación desde el año 2023, donde yo comencé a ejercer la Fiscalía General, no tolera ni va a tolerar ningún caso de corrupción funcional. No nos tiembla el pulso ni la mano”, sostuvo la funcionaria.
Vranicich manifestó además sentirse “institucionalmente defraudada” por el accionar del ex fiscal y destacó un dato clave sobre el inicio de la causa: la denuncia que dio origen a la investigación actual surgió de la propia Unidad Fiscal de Delitos Económicos en el mes de junio pasado.
En las audiencias llevadas a cabo, los fiscales Adrián Spelta y Carla Cerliani explicaron detalladamente la metodología utilizada. Ríos Artacho libraba oficios dirigidos a entidades bancarias a través de los cuales ordenaba transferencias o bien autorizaba retiros de dinero en efectivo por ventanilla. Estos movimientos eran entregados a personas que supuestamente debían cobrar dichos fondos en concepto de restituciones o reparaciones legales.
Lejos de negar los cargos principales, el propio Ríos Artacho pidió la palabra durante la primera audiencia y asumió la responsabilidad por los hechos que se le atribuyeron. En su declaración, reconoció abiertamente: “Yo administraba los fondos como si fuese mi billetera”. Asimismo, sostuvo ante la magistrada que no existió ninguna asociación ilícita propiamente dicha, argumentando que fue él exclusivamente quien, mediante la emisión de sus órdenes, arrastró al resto de los imputados a participar en las maniobras que ahora son objeto de investigación penal.
Finalmente, durante su intervención en el proceso, el ex fiscal manifestó de manera expresa su voluntad de colaborar activamente con la investigación para esclarecer cada uno de los distintos hechos ilícitos detectados por el Ministerio Público de la Acusación.
