El Juzgado Federal N°3 de Mendoza, a cargo del juez Marcelo Garnica, lleva adelante una compleja investigación contra una organización criminal dedicada al presunto contrabando aduanero de granos, triangulación de dinero, comercio exterior y lavado de activos, cuya operatoria habría alcanzado los 30 millones de dólares. A pedido del Ministerio Público Fiscal, la Justicia ordenó una serie de allanamientos, declaraciones indagatorias y embargos preventivos en el marco de la causa.
La investigación se inició en el año 2022, tras una denuncia presentada por personal de la Aduana de Mendoza. En esa oportunidad, los agentes controlaron un cargamento de 142 toneladas de maíz partido que una firma exportadora pretendía enviar a Chile. La pesquisa inicial permitió determinar que la empresa exportadora carecía por completo de capacidad económica, productiva y operativa para desarrollar la actividad que declaraba, funcionando presuntamente como una pantalla para ocultar a los verdaderos operadores detrás de las maniobras.
Con el avance de las tareas investigativas, la pesquisa detectó un entramado compuesto por múltiples personas jurídicas insolventes y apócrifas que operaban bajo un mismo patrón de exportación de oleaginosas durante el período de sospecha iniciado en 2020. Según explicaron fuentes judiciales, la organización utilizaba firmas apócrifas e insolventes para exportar granos subfacturando los precios y sin liquidar las divisas correspondientes.
La maniobra principal consistía en manipular los valores FOB de exportación, declarando precios un 27% por debajo del valor oficial de mercado fijado por la Mesa de Análisis Operativo Granos. Esto permitía reducir de forma ilícita la base imponible de los derechos de exportación. Asimismo, se detectó la intervención reiterada de un grupo de despachantes de aduana y operaciones de triangulación de facturación a través de empresas radicadas en Uruguay, vinculadas con proveedores del mercado interno argentino, mientras que la mercadería tenía como destino final empresas con sede en la República de Chile.
Además, las empresas investigadas no habrían liquidado en el Mercado Único y Libre de Cambios las divisas percibidas por los importes declarados en los despachos de exportación. La PROCELAC, a través de su Área Operativa de Delitos Tributarios y Aduaneros, realizó un análisis técnico exhaustivo de las destinaciones aduaneras, revisando cada documento en los permisos de embarque, individualizando a las personas involucradas y determinando el grado de intervención de cada una. Para graficar la magnitud del caso, se abordó una muestra de 100 despachos que arrojaron indicios de contrabando agravado con un valor de mercaderías superior a los 5.300.000 dólares.
Como resultado de la investigación, el 31 de agosto pasado Gendarmería Nacional ejecutó de manera simultánea 47 órdenes de allanamiento en domicilios particulares, firmas exportadoras de granos y oficinas de despachantes de aduana situados en las provincias de Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Salta y Misiones. Posteriormente, el juez ordenó la convocatoria a declaración indagatoria de 33 personas humanas y 11 personas jurídicas. Entre los imputados se encuentran seis mendocinos, a quienes se les atribuye el delito contemplado en el artículo 863 del Código Aduanero, es decir, acciones llevadas a cabo mediante ardid o engaño tendientes a impedir o dificultar el control aduanero sobre el tráfico internacional de mercaderías.
El requerimiento fiscal señaló los agravantes vinculados a la cantidad de personas intervinientes y a la presentación ante el servicio aduanero de documentos adulterados o falsos necesarios para cumplimentar la operación. La hipótesis del Ministerio Público Fiscal indica que varias de las personas convocadas a indagatoria habrían sido los verdaderos exportadores de las operaciones, habiéndose procurado un complejo entramado para permanecer ocultas detrás de los operadores apócrifos interpuestos.
En paralelo, y a partir del trabajo de las oficinas especializadas en recupero de activos del Ministerio Público Fiscal, el juez dispuso el embargo preventivo y la medida de no innovar respecto de 31 vehículos, el embargo de dos inmuebles ubicados en el exterior y el congelamiento de 55 productos bancarios y financieros. Estas medidas cautelares patrimoniales alcanzan en total a 14 personas humanas y nueve personas jurídicas, buscando preservar bienes vinculados con los hechos investigados y asegurar un eventual decomiso, además de evitar maniobras de desapoderamiento de bienes por parte de los imputados.
Las medidas fueron solicitadas conjuntamente por el fiscal a cargo del Área de Transición de la Unidad Fiscal Mendoza, Fernando Gabriel Alcaraz; la titular de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI), María Fernanda Bergalli; y la representante de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), Trinidad Eugenia Lobos. En la causa también intervino la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo de Diego Velasco, con la colaboración de la auxiliar fiscal Mariela Palese y diversos organismos públicos y privados, además del uso de vías de cooperación internacional para recabar información clave sobre la compleja red de comercio exterior.
