El Juzgado Federal N°3 de Mendoza, a cargo del juez Marcelo Garnica, lleva adelante una compleja investigación contra una organización criminal dedicada al presunto contrabando aduanero de granos, triangulación de dinero, comercio exterior y lavado de activos. La operatoria ilícita bajo la lupa habría alcanzado los 30 millones de dólares. A pedido del Ministerio Público Fiscal, la causa derivó en una serie de allanamientos, embargos preventivos y la convocatoria a declaración indagatoria de 33 personas humanas y 11 personas jurídicas. Entre los involucrados, hay seis ciudadanos mendocinos imputados por infringir el artículo 863 del Código Aduanero.
El origen de la causa se remonta al año 2022, a partir de una denuncia presentada por personal de la Aduana de Mendoza. En esa oportunidad, los inspectores controlaron un cargamento de 142 toneladas de maíz partido que una firma exportadora pretendía enviar hacia la República de Chile. La pesquisa inicial permitió determinar que la empresa en cuestión carecía de capacidad económica, productiva y operativa para desarrollar la actividad declarada, funcionando presuntamente como una pantalla para ocultar a los verdaderos operadores detrás de las maniobras.
Con el avance de la investigación, la Dirección General de Aduanas de la ex AFIP y los fiscales intervinientes detectaron un entramado mucho mayor compuesto por múltiples personas jurídicas insolventes y apócrifas que operaban bajo un patrón similar de exportación de oleaginosas desde el período iniciado en 2020. Según explicaron fuentes judiciales, la organización utilizaba firmas insolventes para exportar los productos subfacturando los precios y sin liquidar las divisas correspondientes en el Mercado Único y Libre de Cambios.
El ardid consistía en manipular los valores FOB —por sus siglas en inglés Free on Board, o Franco a Bordo— de exportación, declarando precios que se ubicaban un 27% por debajo del valor oficial de mercado estipulado por la Mesa de Análisis Operativo Granos. Esta diferencia permitía reducir de forma ilícita la base imponible de los derechos de exportación. Asimismo, se detectó la intervención reiterada de despachantes de aduana y operaciones de triangulación de facturación a través de empresas radicadas en Uruguay que se vinculaban con proveedores del mercado interno argentino, mientras que la mercadería tenía como destino final empresas establecidas en Chile.
La magnitud del caso motivó que, el pasado 31 de agosto, Gendarmería Nacional ejecutara de manera simultánea 47 órdenes de allanamiento. Los operativos se desplegaron en domicilios particulares, firmas exportadoras de granos y oficinas de despachantes de aduana situados en las provincias de Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Salta y Misiones. Posteriormente, el juez ordenó las convocatorias a declaración indagatoria para un total de 33 personas humanas y 11 personas jurídicas.
Los seis mendocinos imputados enfrentan cargos bajo el artículo 863 del Código Aduanero, que sanciona las acciones llevadas a cabo mediante un ardid o engaño tendiente a impedir o dificultar el control aduanero sobre el tráfico internacional de mercaderías. La fiscalía computó además los agravantes correspondientes a la cantidad de personas intervinientes y a la presentación ante el servicio aduanero de documentos adulterados o falsos necesarios para cumplimentar la operativa.
En paralelo a las indagatorias, y a partir del trabajo de las oficinas especializadas en recupero de activos del Ministerio Público Fiscal, el magistrado dispuso el embargo preventivo y una medida de no innovar sobre 31 vehículos, el embargo de dos inmuebles ubicados en el exterior y el congelamiento de 55 productos bancarios y financieros. Estas medidas cautelares patrimoniales alcanzan en total a 14 personas humanas y nueve personas jurídicas, con el objetivo de preservar bienes vinculados al ilícito, asegurar el decomiso de los instrumentos del delito, garantizar las penas pecuniarias y evitar maniobras de desapoderamiento por parte de los imputados.
Las medidas fueron dispuestas a requerimiento conjunto del fiscal a cargo del Área de Transición de la Unidad Fiscal Mendoza, Fernando Gabriel Alcaraz; la titular de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI), María Fernanda Bergalli; y la representante de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), Trinidad Eugenia Lobos. En la investigación también participó activamente la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), encabezada por Diego Velasco, mediante el análisis técnico de las destinaciones aduaneras realizado por el Área Operativa de Delitos Tributarios y Aduaneros a cargo de la auxiliar fiscal Mariela Palese.
El análisis de una muestra de 100 despachos realizado por la PROCELAC arrojó indicios claros de contrabando agravado con un valor de mercaderías superior a los 5.300.000 dólares. Asimismo, la investigación preliminar abrió el juego hacia otras maniobras que vincularon al caso a un importante operador del sector agropecuario con estrechos lazos con los demás sospechosos, evidenciando compras marginales en el mercado interno y una grave afectación normativa generalizada. Con la cooperación de organismos públicos, privados y vías internacionales, la justicia busca esclarecer por completo este entramado de criminalidad económica compleja.
