De asegurar que la inteligencia estadounidense contaba con antecedentes que atribuían “categóricamente” a organizaciones de izquierda la violencia del estallido social, el embajador Brandon Judd debió matizar sus dichos este miércoles. Tras ser citado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el diplomático reconoció que Estados Unidos no realizó ninguna investigación propia en Chile y que su análisis se construyó exclusivamente con información producida en el propio país sudamericano.
La reunión con el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, sirvió para que el embajador aclarara el verdadero alcance de sus afirmaciones previas sobre los hechos iniciados el 18 de octubre de 2019. A la salida del encuentro, Judd afirmó de manera categórica que la embajada norteamericana carece de un estudio sobre dichos acontecimientos.
“La Embajada de Estados Unidos no tiene ninguna investigación; no tenemos ningún documento en la Embajada que hable sobre el estallido en 2019”, sostuvo el diplomático ante los medios de comunicación.
Esta precisión contrasta fuertemente con el énfasis que el propio embajador había utilizado en una entrevista concedida a CNN Chile. En dicha ocasión, al ser consultado sobre el sustento de las afirmaciones que responsabilizaban a sectores de izquierda de los actos de violencia, había asegurado que en 2019 la inteligencia estadounidense indicaba de forma categórica que los hechos provenían de organizaciones de izquierda o de ideología de izquierda. Ante una consulta adicional, también afirmó que existía un análisis específico que se había realizado.
Debido a estas declaraciones, la Cancillería chilena decidió convocarlo formalmente este miércoles con el objetivo de solicitar información respecto de los antecedentes relacionados con los episodios de violencia ocurridos el 18 de octubre de 2019 y en los días posteriores.
Al término de la reunión en el ministerio, Judd explicó cómo se gestó en realidad ese análisis. “No hicimos una investigación independiente, lo que hicimos fue revisar la información que venía de Chile”, detalló el embajador, añadiendo que cuentan exactamente con la misma información que poseen las policías chilenas. Asimismo, especificó que los antecedentes utilizados provenían de fuentes locales, incluyendo a las propias policías, académicos y el Congreso.
En la misma línea, el representante diplomático fue enfático en descartar que organismos de su país hayan desplegado a investigadores en territorio nacional con el propósito de determinar responsabilidades por los hechos ocurridos durante el estallido social de 2019.
“No enviamos ningún investigador a Chile a realizar una investigación, y durante mi gestión nunca enviaremos ningún investigador a Chile a realizar una investigación sin ser invitados por el Gobierno chileno a hacerlo. No hemos hecho eso antes en Chile; no haremos eso en Chile”, puntualizó.
Las aclaraciones entregadas por el embajador alcanzaron también los dichos emitidos previamente por Sarah Rogers, subsecretaria de Diplomacia Pública de Estados Unidos. Durante el Foro Madrid realizado en Chile, la funcionaria había afirmado que “extremistas de izquierda quemaron el Metro”.
Al ser consultado sobre el sustento de esa aseveración, Judd insistió en que se trató de una conclusión obtenida a partir de información de origen chileno. Según explicó, la afirmación se fundamenta en los análisis provenientes de políticos locales, información de la policía y de académicos. A partir de esa revisión, se determinó que el hecho fue perpetrado por grupos de izquierda.
Sin embargo, el propio embajador reconoció de inmediato los límites de dicha conclusión. “No tenemos datos concretos sobre individuos específicos ni sobre grupos determinados”, admitió, reiterando que todo provino del análisis de datos entregados por el Congreso, los académicos y la policía de Chile.
De este modo, el diplomático pasó de invocar públicamente a la inteligencia estadounidense para sostener de manera categórica que la violencia procedía de organizaciones de izquierda, a precisar tras la citación de la Cancillería que su país no realizó ninguna investigación independiente, que no desplegó investigadores en Chile y que tampoco dispone de antecedentes concretos que permitan individualizar a las organizaciones o personas responsables.
Previamente, Judd ya había reconocido que tampoco había entregado información sobre este asunto a la justicia chilena, señalando que él no había facilitado dichos datos a los tribunales nacionales, aunque puntualizó que ambos países comparten inteligencia y manifestó su disposición a responder si las autoridades chilenas se lo solicitan formalmente.
Pese a la controversia generada por sus dichos iniciales, el embajador valoró que la Cancillería lo hubiera convocado y aseguró que esperaba que tal citación ocurriera. “Así es como los gobiernos trabajan juntos”, concluyó el diplomático.
