La familia es tradicionalmente reconocida como el espacio primordial para el cuidado y el desarrollo de la infancia. Es en este núcleo donde se construyen los primeros vínculos afectivos y donde, idealmente, se deben establecer las condiciones necesarias para que los niños y niñas crezcan en un entorno de seguridad. Sin embargo, tras esta función fundamental, surge una interrogante que la sociedad suele pasar por alto: ¿quién brinda apoyo y cuidado a aquellas personas que tienen la responsabilidad de cuidar?
En la actualidad, las familias no operan de forma aislada, sino que enfrentan una serie de desafíos estructurales que dificultan el ejercicio de sus labores de protección. Entre estos obstáculos destacan las dificultades económicas, las extensas jornadas laborales y la compleja tarea de compatibilizar la vida profesional con la vida familiar. A esto se suma, en múltiples casos, la existencia de redes de apoyo insuficientes que dejan a los cuidadores en una situación de vulnerabilidad.
Es importante precisar que estas condiciones de presión y falta de recursos no explican por sí solas las situaciones de vulneración de derechos. No obstante, estas dificultades obligan a reflexionar sobre la responsabilidad social. El debate debe centrarse en las condiciones que la sociedad genera para que las familias puedan ejercer adecuadamente sus funciones de cuidado y protección. No se trata solo de una responsabilidad individual de cada hogar, sino de un entorno que debe permitir el sostenimiento de estas labores.
La magnitud de los desafíos en materia de protección infantil se refleja en las cifras registradas recientemente. Durante el año 2024, más de 156 mil niños, niñas y adolescentes presentaron nuevos ingresos al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. Esta cifra permite dimensionar la escala de la situación que atraviesa el sistema de protección en el país.
De igual manera, la información proporcionada por la Defensoría de la Niñez muestra una realidad persistente. Entre los años 2018 y 2025, dicha institución recibió más de 13 mil requerimientos asociados a diversas vulneraciones de derechos. Si bien estas estadísticas no tienen una causa única, su análisis permite comprender la necesidad imperativa de fortalecer las respuestas de protección existentes. Sobre todo, subrayan la importancia de poner el foco en la prevención desde el ámbito familiar.
En Chile, el Estado ya cuenta con políticas y programas diseñados para la prevención y el apoyo a las familias. Reconocer los avances logrados en esta materia es un paso indispensable para el desarrollo de futuras estrategias. Sin embargo, el desafío principal reside en fortalecer estos mecanismos y, fundamentalmente, asegurar que los apoyos lleguen de manera oportuna a quienes los necesitan.
Para lograr una protección efectiva, el apoyo debe ser integral. Esto implica, por ejemplo, brindar acompañamiento en los procesos de crianza, facilitar el acceso a servicios de salud mental y ofrecer apoyos económicos ante situaciones de mayor complejidad. Asimismo, resulta fundamental el fortalecimiento de las redes tanto comunitarias como institucionales, para que el soporte no sea esporádico, sino constante.
En conclusión, la protección de la infancia no puede entenderse únicamente como una respuesta reactiva ante la vulneración. Debe construirse desde una base sólida de prevención, acompañamiento y fortalecimiento de la estructura familiar. Cuidar a la niñez es una tarea que debe ser compartida por la sociedad en su conjunto y, para que esto sea posible, es necesario también cuidar a quienes sostienen esa labor de cuidado día tras día.
El análisis de este panorama es planteado por Francisco Herrera, académico de Trabajo Social de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central, sede región de Coquimbo, quien enfatiza la necesidad de una mirada sistémica sobre el cuidado.
