El presidente Donald Trump ha solicitado a la Corte Suprema que restablezca el sistema SAVE, un programa del Departamento de Seguridad Nacional diseñado para verificar la ciudadanía. Actualmente, la mayoría de las auditorías de padrones electorales mediante este sistema están suspendidas tras un fallo judicial que señala violaciones a las leyes de privacidad.
La jueza de distrito Sparkle Sooknanan determinó que la administración amplió el programa de forma indebida, permitiendo la carga masiva de listas de votantes y el uso de registros de la Seguridad Social. Críticos y grupos de derechos de los votantes advierten que el sistema genera resultados inexactos, lo que podría derivar en la eliminación errónea de ciudadanos de las listas, citando como ejemplo lo ocurrido en Texas.
Ante esto, el Departamento de Justicia argumentó que el fallo es "indefendible" y amenaza la integridad de las próximas elecciones. Según el secretario general del Departamento de Justicia, John Sauer, la responsabilidad de asegurar que las auditorías cumplan con las leyes de registro recae en los funcionarios electorales y no en el gobierno federal.
Trump ha defendido el uso de SAVE para detectar el voto de no ciudadanos, aunque diversos estudios han concluido que este fenómeno es poco frecuente. Mientras tanto, algunos estados republicanos han expresado interés en usar la herramienta, pero señalan la necesidad de investigar los datos antes de realizar cualquier eliminación.
Actualmente, solo unos pocos estados, como Florida, mantienen el acceso al programa por litigios independientes. Esta acción judicial ocurre en medio de la presión de la administración hacia la Corte Suprema para modificar también las directrices del Servicio Postal sobre el voto por correo.
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