La cadena de impagos del Estado hacia las empresas productoras de gas continúa su trayectoria ascendente. El Gobierno ha dejado vencer una nueva factura vinculada al programa Plan Gas.Ar sin proceder a su cancelación, lo que ha provocado que la deuda acumulada con el sector vuelva a incrementarse. En esta oportunidad, el crecimiento del monto adeudado se ve potenciado por la naturaleza de las boletas vencidas, las cuales corresponden al periodo de invierno, la temporada con los costos más elevados del año.
El panorama de la deuda se divide en dos frentes distintos con diferentes deudores. Por un lado, Enarsa, la empresa estatal responsable de administrar los contratos del programa, registra actualmente una deuda de US$300 millones. El último vencimiento ocurrió el pasado 3 de septiembre, fecha en la que debió cancelarse la factura por el gas entregado durante el mes de junio. Al no haberse realizado el pago, se adeuda el 100% de la facturación de ese mes. A esta cifra se le debe sumar un remanente del 10% correspondiente a la factura del gas entregado en mayo, la cual también quedó sin cancelar.
Por otro lado, existe una segunda deuda de distinta naturaleza que involucra directamente al Tesoro Nacional. El Estado adeuda US$50 millones a las mismas empresas productoras bajo el concepto de compensaciones del Plan Gas.Ar. Estos pagos consisten en el desembolso que realiza el Estado para cubrir la brecha existente entre el precio pactado con las productoras dentro del marco del programa y el precio que finalmente abonan los usuarios en sus facturas de consumo. Este monto pendiente abarca meses sueltos de los periodos 2024, 2025 y 2026.
Al consolidar ambos conceptos, la deuda total con las compañías productoras asciende a los US$350 millones. Es importante señalar que este cálculo es conservador, ya que no incluye los intereses derivados de la mora ni las compensaciones financieras previstas en las cláusulas "take or pay" de los contratos. Dichas cláusulas establecen penalidades para la empresa compradora en los casos donde no se absorban los volúmenes de gas comprometidos en los acuerdos. Hasta el momento, el Gobierno no ha reconocido ninguno de estos dos conceptos adicionales.
La evolución de la deuda muestra un comportamiento particular. A fines de junio, la mora acumulada por Enarsa era de US$180 millones, compuesta por las facturas de enero, febrero y marzo. En ese momento, la deuda estaba próxima a superar los US$260 millones tras el vencimiento de abril. Si bien en ese periodo se acumulaban varios meses de impago, se trataba de periodos con niveles de consumo bajo. La preocupación del sector radicaba en que, al llegar al invierno con ese arrastre de deuda, el pico de consumo dispararía los montos de manera considerable.
El escenario actual confirma esa inquietud: aunque el atraso se ha reducido en términos de cantidad de meses —actualmente solo se adeuda una factura completa y parte de otra—, el monto total ha crecido significativamente. Esto responde a que las facturas de junio reflejan un consumo alto, y la estacionalidad del invierno multiplica el valor unitario respecto a las facturas de los meses de verano. Asimismo, las facturas de julio y agosto, que representan los meses de mayor demanda, aún no han vencido.
Este mecanismo de postergación de pagos se aplica de manera sistemática cada vez que la recaudación estatal flaquea y el Ejecutivo busca sostener el equilibrio fiscal. La estrategia consiste en demorar los pagos, racionar los desembolsos y postergar los compromisos con los proveedores del Estado, dejando a las productoras de gas atrapadas en esta lógica financiera.
Las empresas afectadas son aquellas que sostienen la producción del Plan Gas.Ar, entre las que se encuentran YPF, TotalEnergies, Tecpetrol, Pan American Energy (PAE), Vista, Shell, Chevron, Pluspetrol y Pampa Energía. Durante el mes de junio, estas compañías realizaron reclamos institucionales a través de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) y la Cámara Argentina de Energía (CADE). Mediante cartas dirigidas a la Secretaría de Energía, las empresas advirtieron que estos retrasos impactan de forma severa y negativa en el flujo de fondos que se requiere para las inversiones.
El riesgo principal señalado por la industria es que la falta de liquidez pueda comprometer los planes de perforación y desarrollo. Si bien hasta la fecha todas las productoras han logrado mantener los niveles de inyección de gas comprometidos, la caja propia de las empresas se ha convertido, en la práctica, en la única fuente de financiamiento disponible para afrontar sus operaciones.
Finalmente, en el sector se observa una comparativa constante con la gestión de Cammesa, la empresa estatal que administra los despachos eléctricos. A diferencia de Enarsa, Cammesa cumple con los pagos en tiempo y forma, e incluso reconoce los intereses cuando se producen retrasos. Con las facturas del pico invernal aún pendientes de vencimiento, existe la posibilidad de que la deuda vuelva a cambiar de escala en los próximos meses.
