El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, firmó este martes 8 de septiembre de 2026 un decreto mediante el cual se levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en el territorio nacional. Con esta nueva normativa, el Ejecutivo busca revertir la restricción previa que, según las explicaciones del mandatario, limitaba el derecho de los ciudadanos que cumplen con la ley, mientras los grupos ilegales continuaban fortaleciendo su capacidad de armamento.
Para sustentar la decisión, el Gobierno Nacional presentó un balance detallado sobre el estado del armamento ilegal en el país durante el año en curso. Según las cifras oficiales, entre el 1 de enero y el 3 de septiembre de 2026, la Fuerza Pública logró la incautación de 15.700 armas de fuego. De este total, se estableció que 14.179 de los decomisos están vinculados directamente con la comisión de diversos delitos.
En su comunicación a través de la cuenta en la red social X, el presidente De la Espriella detalló la distribución de este armamento según los grupos criminales asociados. El balance reportó que 980 armas aparecen vinculadas a disidencias, 551 al Clan del Golfo y 339 al Ejército de Liberación Nacional (ELN). Dentro del grupo de las disidencias, el mandatario enfatizó la peligrosidad del material incautado, señalando que se encontraron 380 fusiles y 65 morteros de calibre 60 milímetros.
El mensaje oficial del Ejecutivo subrayó que el objetivo principal de las instituciones del Estado debe ser la persecución y el desmantelamiento del poder de fuego de las organizaciones criminales. No obstante, las autoridades aclararon que el decreto no busca habilitar un porte de armas indiscriminado. En ese sentido, se informó que continuarán vigentes todos los requisitos, los procesos de filtros y las supervisiones que corresponden a las autoridades competentes para la obtención de dichos permisos.
El mandatario también apeló a compromisos adquiridos previamente durante su proceso electoral. “La palabra de un hombre es su honor, y yo tengo honor; por eso cumplo mi palabra. Durante la campaña dije que iba a levantar la suspensión de los permisos para el porte de armas”, manifestó De la Espriella. Asimismo, el presidente cuestionó la situación de desigualdad en la capacidad de defensa frente a la criminalidad, afirmando: “No hay derecho a que los bandidos estén armados hasta los dientes y la gente decente no pueda defenderse”.
La medida ha generado una reacción inmediata por parte de sectores de la oposición. La senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, anunció que presentará una demanda contra el decreto presidencial. La congresista calificó la disposición como una medida "sumamente peligrosa" y sostuvo que la intención de habilitar el porte de armas no traerá mejoras en la seguridad, sino que podría provocar un incremento en la violencia. Hernández advirtió que, en un contexto de altos niveles de intolerancia en el país, cualquier conflicto cotidiano podría derivar en una confrontación armada.
Como argumento técnico contra la decisión, la senadora recordó que las restricciones al porte de armas contaron con el respaldo de administraciones anteriores. Citó datos del Ministerio de Defensa que indican que la aplicación de estas restricciones a nivel nacional entre los años 2015 y 2016 reportó una reducción inicial del 13 % en los índices de homicidios. Además, la legisladora hizo referencia a la experiencia de países como Estados Unidos, Brasil, México y Guatemala, argumentando que facilitar el acceso a las armas no soluciona la inseguridad y puede actuar como un detonante de mayor criminalidad.
Por su parte, el congresista Walter Alfonso Rodríguez, conocido como medicenwally, también manifestó su rechazo a la propuesta del Ejecutivo, calificándola como un retroceso peligroso para la nación. El legislador cuestionó la lógica de la medida, preguntando si la respuesta a la inseguridad consiste en armar a la víctima mientras se legaliza el porte para el delincuente.
Rodríguez insistió en que la solución a la criminalidad y a los problemas de justicia en Colombia no pasa por la disponibilidad de más armas, sino por una reforma estructural en el sistema penal. “Por Dios, más armas no corrigen una justicia débil, solo garantizan que cuando falle, haya más gente disparando. Lo que este país necesita no es un tiroteo en cada esquina, sino una reforma penal seria contra la reincidencia, el cumplimiento efectivo de penas y castigos ejemplares a criminales violentos”, señaló. Finalmente, el congresista comparó la situación con el modelo de Estados Unidos, donde la tasa de homicidios con armas es 25 veces mayor que en otros países ricos, concluyendo que la seguridad debe construirse con una justicia implacable y no mediante la tercerización de la defensa.
