El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha tomado una decisión clave para su administración al cumplir su primer mes de gestión. Este martes 8 de septiembre, el mandatario firmó un decreto mediante el cual se levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en todo el país, dando cumplimiento a uno de los compromisos centrales asumidos durante su campaña electoral.
La medida fue comunicada a través de un video divulgado en sus redes sociales, tras su participación en un evento realizado en Quibdó, capital del departamento del Chocó, el pasado 7 de septiembre. En su mensaje, De la Espriella justificó la acción señalando la necesidad de equilibrar la capacidad de defensa entre los ciudadanos y las organizaciones criminales. "Durante la campaña dije que iba a levantar la suspensión de los permisos para el porte de armas. No hay derecho a que los bandidos estén armados hasta los dientes y la gente decente no pueda defenderse", manifestó el jefe de Estado.
El mandatario fue enfático en precisar que la implementación de este decreto no supone un porte de armas de manera indiscriminada. Según explicó, el Gobierno Nacional mantendrá los controles, los requisitos y los permisos establecidos por las autoridades competentes. El objetivo central de la medida es revertir una situación jurídica que, según De la Espriella, afectaba a los ciudadanos que cumplen con la ley. El decreto busca levantar la suspensión general que, en la práctica, terminaba convirtiendo la prohibición en una regla para quienes ya contaban con la documentación necesaria.
En términos técnicos, la decisión restablece la eficacia de los permisos de porte que se encuentren actualmente vigentes. Sin embargo, el Gobierno ha dejado claro que el decreto no otorga facultades de porte en casos donde los permisos estén vencidos, suspendidos, cancelados o revocados. Asimismo, la medida no aplica cuando exista una prohibición legal o judicial previa que impida a un ciudadano portar armamento.
Para asegurar la correcta aplicación de la normativa, el decreto ordena a las autoridades militares adoptar todas las medidas necesarias para restablecer la eficacia de los permisos individuales que se encuentren en vigor. La nueva regulación entrará en vigor este miércoles 9 de septiembre.
Para sustentar la necesidad de este cambio en la política de seguridad, el presidente presentó cifras relacionadas con la incautación de armamento en el país. De acuerdo con los datos oficiales proporcionados por el mandatario, entre el 1 de enero y el 3 de septiembre de este año, las autoridades lograron la incautación de 15.700 armas de fuego. De este total, 14.179 armas se encontraban relacionadas directamente con la comisión de delitos.
El desglose de la incautación de armas vinculadas a grupos armados ilegales aportó un contexto adicional a la decisión presidencial. Según las cifras presentadas por De la Espriella, 980 de las armas incautadas estaban relacionadas con las disidencias de las FARC. Por su parte, el Clan del Golfo, identificado como la mayor banda criminal del país, tenía vinculadas 551 de estas armas, mientras que 339 fueron relacionadas con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
