El Ejecutivo ha decidido imprimir una aceleración decisiva a la tramitación de la reforma al sistema político, buscando que el proyecto sea despachado definitivamente durante el mes de septiembre. Esta estrategia, que implica la aplicación de una nueva "suma urgencia", responde no solo a un calendario legislativo apretado, sino a una apuesta política deliberada por parte de La Moneda para enviar una señal de capacidad de acuerdo y conducción en un momento de fragilidad política.
El proyecto en cuestión no es una iniciativa nacida en la administración actual, sino un acuerdo construido a lo largo de dos administraciones. Fue concebido durante el Gobierno de Gabriel Boric, impulsado por el entonces ministro del Interior Álvaro Elizalde y negociado durante más de un año en el Congreso. Aunque el presidente José Antonio Kast no convirtió inicialmente esta reforma en una bandera de su gestión, la situación actual del consenso parlamentario ofrece una oportunidad estratégica: el camino está prácticamente despejado y el riesgo de rechazo es comparativamente bajo.
Fuentes gubernamentales han señalado que la reactivación de la reforma es uno de los movimientos más relevantes de La Moneda en los últimos días. El cálculo se apoya en que el 31 de agosto la comisión mixta resolvió por unanimidad la última discrepancia pendiente, y que el grueso de la iniciativa ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados y el Senado. En este sentido, el ministro de la Segpres, José García Ruminot, confirmó que, tras el vencimiento de la urgencia ingresada el 11 de agosto, se dará un nuevo impulso para cerrar la tramitación este mes.
Desde el Congreso, las señales son concordantes. La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), confirmó que el proyecto será puesto en tabla una vez que concluya la semana regional, programada entre el 14 y el 18 de septiembre. Núñez afirmó que el acuerdo unánime alcanzado en la comisión mixta deja el camino despejado para la aprobación final del texto. A pesar de esto, existen reparos en algunos sectores; algunos opositores consideran que la reforma es insuficiente en temas como la participación de las mujeres y la crisis de confianza en los partidos, mientras que sectores de la derecha sugieren ir más allá y reducir el número de parlamentarios.
Este escenario resulta particularmente útil para el presidente Kast, quien enfrenta un contexto político complejo. Según la última medición de Criteria, su aprobación se sitúa en un 30%, reflejando una caída de tres puntos respecto a la semana anterior y una desaprobación del 58%. Por su parte, Cadem lo ubicó en un 36% de aprobación. Ante estos números y las fisuras detectadas en su propio sector, un despacho transversal le permitiría mostrar un resultado concreto de gobernabilidad, especialmente después de la difícil tramitación de la Ley Miscelánea.
La estrategia de La Moneda se manifiesta en una gestión de "dos velocidades" coordinada por la Segpres. Mientras se acelera la reforma política donde ya hay consenso, el Gobierno decidió bajar de "suma" a "simple" la urgencia de su reforma constitucional de seguridad el mismo 31 de agosto. El ministro García Ruminot justificó esta medida argumentando la necesidad de ganar tiempo para negociar los aspectos más controvertidos de dicha iniciativa, que modifica directamente la Constitución, a diferencia de la reforma política que altera leyes orgánicas constitucionales.
Además del valor político, el proyecto posee una carga simbólica importante. La reforma incluye una norma que obliga a los partidos políticos a condenar, en sus declaraciones de principios, el establecimiento de sistemas totalitarios, el uso de la violencia como método de acción política y el compromiso con la transparencia y la probidad. La aprobación de este texto coincidirá con la semana del 11 de septiembre, una fecha sensible para la democracia chilena. Esta señal llega además tras las discusiones generadas por el Foro Madrid en Santiago y los reparos de sectores como Evópoli respecto al mensaje institucional del Ejecutivo.
Finalmente, el calendario apunta a que Kast podría llegar a su primer viaje oficial a la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, entre el 22 y el 24 de septiembre, con este logro legislativo consolidado. La Moneda busca capitalizar un acuerdo heredado para proyectar una imagen de liderazgo capaz de cerrar negociaciones transversales en un Parlamento fragmentado.
